El Gobierno nacional oficializó en la noche de ayer la declaración de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) como “organización terrorista”. La decisión implica la incorporación inmediata de este cuerpo militar de élite al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
A través de un comunicado emitido por la Oficina del Presidente, el Ejecutivo fundamentó la medida recordando que la República Argentina fue víctima de dos de los atentados terroristas más graves de su historia en la década de 1990. Según el texto oficial, estos fueron perpetrados por Hezbolá, organización identificada como el “brazo operativo del CGRI en la región”.
El comunicado rememoró el ataque contra la Embajada de Israel en Argentina en 1992, que dejó un saldo de 29 muertos y más de 200 heridos, y el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, donde 85 personas perdieron la vida y más de 300 resultaron heridas.
El Gobierno enfatizó que las investigaciones judiciales posteriores determinaron que “ambos ataques fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria”.
Con esta acción, el Presidente Milei busca “saldar una deuda histórica de más de 30 años con los familiares de las víctimas”, reafirmando el compromiso de su gestión en la lucha frontal contra el terrorismo y el crimen organizado. La Oficina del Presidente destacó la “convicción inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son”.
Paralelamente, el Ejecutivo ratificó que esta decisión responde a la voluntad de que la República Argentina “vuelva a alinearse a la civilización occidental”, condenando y combatiendo a quienes buscan destruirla.
Fuentes oficiales confirmaron que la inclusión de la Guardia Revolucionaria en el RePET tendrá consecuencias prácticas directas, como el congelamiento de activos y la prohibición de operar dentro del sistema financiero argentino. Asimismo, la medida permitirá profundizar las investigaciones sobre eventuales vínculos locales de la organización y fortalecerá los mecanismos de cooperación internacional en materia de inteligencia.
La decisión del Gobierno responde a la actual escalada militar en Medio Oriente, marcada por enfrentamientos directos que involucran a Irán, Estados Unidos e Israel. Por otro lado, se vincula estrechamente con la historia reciente de Argentina y el persistente reclamo de justicia por los atentados de los años 90, atribuidos por la Justicia local a estructuras ligadas al régimen iraní.
