El episodio ocurrido en el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán, en San Salvador de Jujuy, donde el jugador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Emiliano Endrizzi, gritó “bomba” antes del despegue de un vuelo, podría tener serias consecuencias en la Justicia.
El hecho fue encuadrado dentro del delito de intimidación pública, previsto en el artículo 211 del Código Penal Argentino. Esta figura contempla penas de entre dos y seis años de prisión para quienes generen alarma o temor colectivo mediante falsas advertencias de peligro.
Aunque no existió una amenaza real, el accionar del futbolista provocó pánico entre los pasajeros, obligó a evacuar la aeronave y activó un importante operativo de seguridad. Estos factores suelen ser determinantes a la hora de evaluar la gravedad del caso.
Además, la situación podría complicarse si la Justicia considera que el contexto amerita un agravante. La legislación prevé penas de hasta diez años de prisión en escenarios donde se utilicen elementos peligrosos, aunque en este caso no hubo explosivos ni materiales similares.
Por su parte, la aerolínea Flybondi confirmó que se trató de una amenaza de bomba y que el hecho afectó a más de 1200 pasajeros, generando demoras, cancelaciones y la intervención de fuerzas de seguridad. Desde la empresa no descartan iniciar acciones legales contra el responsable.
El caso, que ya genera fuerte repercusión, pone el foco en una conducta que la ley considera grave, más allá de la intención. Ahora, será la Justicia la que determine si Endrizzi deberá afrontar una condena efectiva o si el episodio se resolverá con una sanción menor.
