Corrientes: Sancionan a Virginia Gallardo y LLA por no rendir cuentas de dinero de la campaña

La Justicia Federal correntina sancionó a La Libertad Avanza (LLA) local, luego de detectar irregularidades y omisiones en la presentación de los informes financieros de la última campaña. La diputada Virginia Gallardo, quien obtuvo una banca en el Congreso gracias a esos fondos intentó desprenderse del escándalo.

El Juzgado Federal N.° 1 aplicó una pena que golpea directamente las arcas del partido oficialista. El fallo judicial establece una multa económica, mediante una quita equivalente al 20% de los aportes públicos destinados al funcionamiento ordinario de la fuerza y la suspensión de fondos. Es decir, se ordenó la suspensión cautelar de todo aporte estatal hasta que el partido logre regularizar su situación documental y técnica.

La base legal de esta decisión es el incumplimiento del artículo 58 de la Ley 26.215 (Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos). Básicamente, la justicia reclama que no se rindieron cuentas claras sobre quién puso el dinero y en qué se gastó durante la carrera proselitista. Ahora, el partido tiene un plazo de 15 días para intentar ordenar el “caos” administrativo y presentar los papeles pendientes.

Fiel a su estilo mediático y directo, Gallardo no tardó en reaccionar. A través de un video en sus redes sociales, buscó separar su imagen de la gestión administrativa del partido que la llevó a su actual cargo. Bajo el título “Mi campaña fue esta”, Gallardo intentó simplificar su actividad política para demostrar transparencia.

“Un vehículo, muchos kilómetros recorridos, el contacto con la gente, mis redes sociales y la comunicación directa con medios. Nada más”, explicó en el clip.

Respecto a la falta de informes financieros, la diputada fue categórica al señalar que esas cuestiones son “completamente ajenas” a su función. Gallardo delegó toda la responsabilidad en los apoderados y técnicos del partido, argumentando un desconocimiento total sobre los manejos contables y los plazos que exige la Ley de Financiamiento.