El tribunal, integrado por los jueces Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín Irurzun, confirmó así la decisión previa del juez Julián Ercolini, al considerar que Novelli no reúne los requisitos legales para ser aceptado como parte querellante.
Según el fallo, la investigación se centra —por el momento— en delitos de acción pública impulsados por la fiscalía, y no se verifica un “perjuicio directo” que habilite su participación activa en el expediente. De esta manera, el empresario no podrá proponer pruebas, intervenir en audiencias ni apelar resoluciones judiciales en esta instancia.
El intento de Novelli se enmarca en una estrategia para cuestionar la validez del contenido extraído de su celular, pieza clave en la causa principal, que investiga una presunta maniobra vinculada al criptoactivo $LIBRA. En ese expediente, el juez Marcelo Martínez de Giorgi ya rechazó un planteo de nulidad sobre el informe elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Datip), aunque dispuso medidas para analizar cómo se realizó el peritaje y si se respetó la cadena de custodia.
Origen de la causa
La causa tiene su origen en febrero de 2025, cuando el presidente Javier Milei difundió en redes sociales el código para adquirir el token $LIBRA. En pocas horas, su valor se disparó y luego colapsó, dejando pérdidas millonarias para numerosos inversores. Entre los damnificados figura Martín Romeo, quien representa a más de 200 afectados.
En paralelo, la investigación por la filtración del informe técnico fue impulsada tras una denuncia de la Procuración General de la Nación, encabezada por Eduardo Casal, y se encuentra bajo la órbita del fiscal Eduardo Taiano, quien ordenó nuevas medidas, incluida una revisión adicional del dispositivo.
Si bien la Cámara rechazó su pedido en esta etapa, dejó abierta la posibilidad de que Novelli pueda ser aceptado como querellante más adelante, en función de cómo evolucione la investigación, que aún se encuentra en una fase inicial.
No es el primer revés judicial para el empresario: en abril de 2025, la Cámara de Casación también había desestimado un planteo suyo —y de su coimputado Manuel Terrones Godoy— para impedir la participación de las víctimas como querellantes en la causa principal.
El expediente continúa en desarrollo y apunta a determinar posibles responsabilidades penales por delitos como estafa, cohecho y tráfico de influencias en torno al lanzamiento y caída del criptoactivo.
Fuente: investigación de Hugo Alconada Mon para La Nación
