El Gobierno nacional avanzó con una jugada judicial para acelerar la definición sobre la reforma laboral y acudió directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un recurso de “per saltum”. Con esta vía excepcional, busca que el máximo tribunal intervenga sin demoras y deje sin efecto la medida que frenó parte de la ley.
La estrategia oficial apunta a revertir la cautelar que suspendió 82 artículos de la norma, decisión que había sido tomada por el juez laboral Raúl Horacio Ojeda tras un planteo de la Confederación General del Trabajo (CGT).
En paralelo, el expediente venía atravesando un conflicto de competencia entre distintos fueros. La jueza federal Macarena Marra Giménez resolvió que el caso debe quedar en manos de la Justicia Contencioso Administrativa Federal, desplazando así a los tribunales laborales de la Ciudad de Buenos Aires.
Desde la CGT sostienen que varios puntos de la Ley N° 27.802 vulneran derechos constitucionales vinculados al trabajo, como la protección de los trabajadores, la libertad sindical y garantías básicas del debido proceso. Por eso, solicitaron que se declare su inconstitucionalidad.
Mientras tanto, en el Gobierno valoraron la definición sobre la competencia judicial y ahora buscan que la Corte tome el caso de manera directa para destrabar el escenario y restituir la vigencia de los artículos suspendidos.
