La reciente decisión del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de eliminar o flexibilizar el sistema de practicaje desató una fuerte controversia en el ámbito político, empresarial y marítimo. La medida, que busca reducir costos logísticos, es cuestionada por distintos sectores que alertan sobre posibles consecuencias graves en materia de seguridad, ambiente y soberanía.
El practicaje es un servicio clave en la navegación: consiste en la intervención de capitanes altamente especializados que suben a los buques —principalmente extranjeros— para guiarlos en zonas complejas como el Río de la Plata o los accesos portuarios de Rosario. Su conocimiento específico de canales, corrientes y condiciones locales resulta determinante para evitar accidentes.
Desde el sector empresario naviero surgieron críticas contundentes. Referentes de la actividad acusaron al funcionario de intervenir en un área “que no conoce” y advirtieron que la desregulación podría beneficiar a grandes cerealeras extranjeras en detrimento de empresas argentinas que invierten en el país. En ese sentido, señalaron que la medida pone en riesgo la continuidad de un entramado productivo local.
Uno de los principales focos de preocupación es la seguridad. Los prácticos remarcan que su formación demanda alrededor de 15 años y sostienen que reemplazar o reducir su rol incrementa significativamente la posibilidad de incidentes. Entre los escenarios posibles mencionan encallamientos, choques contra infraestructuras y, en el peor de los casos, desastres ecológicos de gran magnitud. A esto se suma el impacto en los seguros marítimos, cuyos costos podrían dispararse ante un aumento del riesgo operativo.
El malestar también alcanzó al interior del propio Estado. Fuentes vinculadas a la Armada Argentina y al Ministerio de Defensa expresaron incomodidad por no haber sido consultados, considerando que la medida afecta directamente la seguridad en las vías navegables y el trabajo de personal especializado.
Otro de los puntos en discusión es el supuesto beneficio económico. Desde el sector sostienen que reducir la tarifa del practicaje no necesariamente se traduce en una baja de los fletes. Como antecedente, recuerdan un intento similar en 2018, cuando los costos de transporte terminaron aumentando debido a la dinámica del mercado internacional.
Finalmente, especialistas advierten sobre posibles conflictos con normativas internacionales. En particular, señalan que una desregulación sin controles adecuados podría contradecir estándares de la Organización Marítima Internacional (OMI), lo que afectaría la seguridad jurídica del país y su posicionamiento en el comercio global.
