Luego de la denuncia pública realizada por el dirigente bandeño Juan Martínez, el empresario del transporte Mariano Ernesto Páez respondió con dureza y avanzó con una medida cautelar urgente en la Justicia, en lo que representa un nuevo capítulo de la polémica en torno al servicio de colectivos en La Banda.
A través de su abogada, la Dra. Stefany Budan, Páez negó de manera categórica las acusaciones que lo señalan por presunta “malversación” y “defraudación de caudales públicos”, y aseguró que se trata de afirmaciones “falsas, malintencionadas y sin sustento”.
“El señor Mariano Páez no recibe subsidios directos del Estado ni administra fondos públicos”, sostuvo la letrada, al tiempo que explicó que el vínculo del empresario con el Estado se limita a un contrato de prestación de servicios con la Municipalidad de La Banda.
En ese sentido, detalló que la empresa percibe únicamente un pago por kilómetro recorrido, es decir, por el servicio efectivamente brindado en la línea 4, descartando así cualquier tipo de beneficio irregular.
Sobre uno de los puntos más cuestionados, el boleto estudiantil, la defensa aclaró que se trata de un sistema mediante el cual el Municipio cubre parte del costo del pasaje para los estudiantes. “No es un subsidio al empresario, sino un mecanismo de tarifa social”, remarcaron.
Además, desde la defensa plantearon un escenario económico adverso para la empresa, al indicar que actualmente atraviesa una situación crítica debido a demoras de aproximadamente tres meses en los pagos por parte del Municipio. Según explicaron, durante ese período el empresario debe sostener el servicio con recursos propios, afrontando costos como combustible, salarios y mantenimiento de las unidades.
En este contexto, Budan confirmó que Páez ya avanzó judicialmente contra Martínez. La medida cautelar presentada busca que el dirigente cese en la difusión de los dichos considerados falsos, elimine el contenido publicado y se retracte públicamente.
Asimismo, anticiparon que se impulsarán acciones legales tanto en el ámbito civil como penal para resguardar “el honor, la trayectoria y la continuidad de la actividad” del empresario.
La respuesta judicial se da luego de que Martínez anunciara públicamente su intención de denunciar a Páez, en medio de un clima de creciente tensión y acusaciones cruzadas en la escena política y empresarial de La Banda.
