Una denuncia penal presentada en marzo de 2026 ante la Unidad Fiscal de Delitos contra la Violencia de Género expone una situación de extrema gravedad que, hasta el momento, no ha tenido respuesta efectiva por parte de la fiscalía interviniente.
La presentación fue realizada directamente ante fiscalía por la abogada patrocinante, Dra. Ángela Layús, luego de que la dependencia policial se negara inicialmente a recepcionar la denuncia, lo que motivó su formalización por vía judicial.
La causa, registrada bajo legajo N° 3302/26, involucra a un funcionario policial en actividad, denunciado por su ex pareja por hechos de violencia de género, hostigamiento y conductas cuya calificación se encuentra en etapa de investigación.
De acuerdo a la denuncia, la víctima habría atravesado reiterados episodios de violencia psicológica, física y sexual durante la relación, en un contexto de control y coerción.
Asimismo, se expusieron situaciones de extrema gravedad vinculadas a la salud de la víctima y de su hijo menor, respaldadas por documentación médica incorporada al expediente, cuya valoración resulta determinante para el avance de la causa.
Pese a la urgencia del caso, y a los pedidos expresos formulados por la querella, a la fecha no se han dictado medidas de protección, aun tratándose de un denunciado que reviste condición de funcionario policial armado.
En el plano actual, se verifica un esquema de hostigamiento constante, donde el denunciado utiliza el vínculo con el hijo en común como mecanismo de control, exigiendo información permanente y amenazando con acciones legales.
Asimismo, se encuentra incumpliendo obligaciones alimentarias y ejerciendo violencia económica, en un contexto que agrava la situación de vulnerabilidad de la víctima.
En relación al reconocimiento del menor, se han advertido irregularidades en el procedimiento administrativo, cuestión que actualmente es objeto de revisión y se encuentra en etapa de resolución correspondiente.
“La falta de adopción de medidas en tiempo oportuno, especialmente cuando se trata de personal armado, no es un dato menor: implica un riesgo concreto para la víctima”, señalaron desde la representación legal.
La causa continúa en trámite, con impulso activo de la querella, que insiste en la necesidad de una respuesta judicial inmediata.
