La situación judicial del titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Andrés Vázquez, se complica tras un pedido de indagatoria impulsado por el fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez. El funcionario está acusado de haber omitido de manera intencional información sobre bienes en el exterior en sus declaraciones juradas.
De acuerdo a la investigación, Vázquez habría ocultado su vínculo con al menos tres propiedades ubicadas en Estados Unidos, cuyo valor total supera los 2,1 millones de dólares. Estas operaciones inmobiliarias, realizadas entre 2013 y 2015, se habrían canalizado a través de sociedades offshore radicadas en Panamá y posteriormente transferidas a una firma registrada en las Islas Vírgenes Británicas, donde el funcionario figura como beneficiario final.
El dictamen fiscal sostiene que el titular de ARCA no informó estos activos ante la Oficina Anticorrupción ni ante el organismo que hoy conduce, lo que configuraría el delito de omisión maliciosa en la presentación de declaraciones patrimoniales. Esta figura contempla penas de hasta dos años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El expediente, que se encuentra en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, también podría ampliarse a otras posibles figuras penales como evasión tributaria, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, según lo solicitado por el fiscal.
La causa se originó tras la difusión de información sobre la supuesta relación de Vázquez con inmuebles en la ciudad de Miami. Entre ellos se encuentran dos unidades en el complejo Icon Brickell y un departamento en el edificio Chateau Beach Residences, en Sunny Isles, adquiridos mediante estructuras societarias en el exterior.
En paralelo, legisladores de la Coalición Cívica presentaron una denuncia que inicialmente recayó en el juzgado de Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo, aunque posteriormente el caso fue derivado al fuero de Martínez de Giorgi, con intervención del fiscal Guillermo Marijuán.
Según la reconstrucción de la Procuraduría, existe una posible inconsistencia entre los ingresos declarados por Vázquez y las inversiones realizadas. Mientras en 2012 y 2013 informó activos líquidos por montos inferiores a 50 mil dólares, en ese mismo período concretó operaciones inmobiliarias por más de un millón de dólares.
La investigación también detectó pagos de impuestos en Estados Unidos por parte del funcionario y su entorno familiar, así como movimientos vinculados a cuentas bancarias en ese país. En ese sentido, se solicitaron informes a entidades financieras como Bank of America, PNC Bank y Wells Fargo, además de requerimientos a autoridades de las Islas Vírgenes Británicas y a la Embajada de Estados Unidos para reconstruir movimientos migratorios.
El avance del expediente judicial se da en un contexto de creciente escrutinio sobre funcionarios nacionales y sus patrimonios, mientras la Justicia busca determinar si existieron maniobras de ocultamiento de bienes en el exterior.
