Una nueva prueba en la causa por presunto enriquecimiento ilícito complica la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. Según las últimas averiguaciones, el matrimonio habría desembolsado 14 millones de pesos para amoblar el departamento familiar de la calle Miró, ubicado en el barrio porteño de Caballito.
La información surgió tras testimonio de Matías Tabar, el contratista que anteriormente había realizado refacciones en la vivienda del funcionario en el country Indio Cuá por un valor de 245.000 dólares. Bajo juramento, el profesional reveló que coordinó trabajos de carpintería de alta gama entre diciembre y febrero pasados, los cuales habrían sido abonados bajo la misma modalidad que las obras previas: pagos en efectivo y sin la emisión de facturas. Entre los elementos adquiridos figuran mesas de mármol, racks de TV y muebles vajilleros.
Este miércoles, la Justicia también tomó declaración a Leandro Miano, socio de una de las firmas desarrolladoras involucradas en la compraventa del inmueble de Caballito. Durante su testimonial, Miano ratificó la existencia de una deuda de 65.000 dólares que Adorni mantiene con él y su socio, Pablo Martín Feijoo.
Lo que llamó la atención de los investigadores es la informalidad del compromiso. De acuerdo a los testigos, el jefe de Gabinete acordó devolver ese dinero —utilizado para modernizar el departamento antes de su compra— de palabra, sin intereses y sin documentación de respaldo. Esta suma se suma al valor de compra del inmueble, que fue de 230.000 dólares.
Ante la magnitud de las erogaciones, que en los últimos dos años y medio superan los 365.000 dólares solo en operaciones inmobiliarias, el juez Lijo dispuso levantar el secreto fiscal y solicitó información detallada a ARBA sobre los perfiles tributarios de Adorni y Angeletti.
PEl magistrado ordenó además analizar el teléfono celular del contratista Tabar para rastrear mensajes con el matrimonio y proveedores que confirmen las cifras declaradas.
Mientras la investigación avanza, el matrimonio aún tiene tiempo hasta el 31 de julio para presentar sus declaraciones juradas del año 2025 ante la Oficina Anticorrupción.
Con deudas declaradas que superan los 335.000 dólares y compromisos de pago que vencen mayoritariamente en noviembre, el foco judicial se centra ahora en determinar si el nivel de vida y los gastos en efectivo del ministro coordinador resultan compatibles con su capacidad de ahorro y sus ingresos registrados.
