El proceso judicial, que se inició en 2016, culminó una etapa decisiva con el rechazo de los planteos defensivos por parte de la Cámara de Apelaciones. El tribunal confirmó la responsabilidad penal de Luis Manuel Pericás, señalado como autor de defraudación calificada, quien fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión.
Mientras que los exjueces santiagueños Ramón Tarchini Saavedra, Miguel Ángel Moreno y Lucrecia Martínez Llanos, vinculados a los delitos de prevaricato y defraudación calificada en calidad de partícipes necesarios, recibieron sanciones de acuerdo a su grado de participación en las maniobras investigadas.
La investigación se originó tras una denuncia de la Fiscalía de Estado de Tucumán, luego de detectar que exmagistrados de Santiago del Estero habían dispuesto medidas cautelares que permitieron embargos superiores a los diez millones de pesos sobre fondos públicos tucumanos. Este fallo refuerza la postura del tribunal de juicio, que consideró acreditada la existencia de una estructura destinada a manipular herramientas judiciales para favorecer beneficios económicos particulares.
La causa “cautelares” tuvo una amplia repercusión desde sus inicios. En 2016, Pericás fue capturado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tras un pedido de la Justicia santiagueña, en un operativo que lo vinculaba originalmente a delitos de defraudación calificada y cohecho agravado.
A lo largo de casi diez años, el expediente atravesó un complejo recorrido procesal que incluyó una serie de recusaciones, pedidos de nulidad y apelaciones que buscaron dilatar la resolución del caso.
El juicio oral que terminó con las condenas ahora ratificadas por la Cámara tiene un gran impacto institucional y abre una profunda discusión sobre los límites del poder judicial y el accionar de magistrados que se apartan de la ley.
Con esta ratificación, el proceso queda prácticamente cerrado en la instancia ordinaria. Aunque las defensas podrían intentar vías extraordinarias, el fallo de la Cámara de Apelaciones representa un cierre clave para un caso que puso bajo la lupa la transparencia del sistema judicial en la región.
