La investigación judicial, liderada por la fiscal Jésica Lucas, se activó a partir de denuncias presentadas por asociaciones civiles que alertaron sobre un escenario de extrema crueldad. Según las pruebas recolectadas, las víctimas —menores de edad y adultos jóvenes con discapacidad— eran sometidas a abusos sexuales, maltratos físicos y grabaciones de actos ilícitos dentro de su propio entorno conviviente.
Personal del Departamento de Trata de Personas ejecutó los procedimientos en los domicilios de los sospechosos, donde se procedió a la detención de tres personas. Los acusados enfrentan cargos por abuso sexual ultrajante agravado por el vínculo, lesiones calificadas y abandono de persona.
Durante los operativos, las autoridades secuestraron dispositivos electrónicos y prendas de vestir que serán analizados para fortalecer el legajo judicial.
Dada la vulnerabilidad de las personas rescatadas, la fiscalía ordenó su retiro inmediato del lugar. Los menores y las personas con discapacidad fueron trasladados a centros de alojamiento especializados para recibir asistencia médica y psicológica.
El abordaje del caso cuenta con la intervención articulada de un equipo multidisciplinario integrado por la DINAF, la Dirección de Discapacidad, el Ministerio de Salud, el Ministerio Pupilar y el Punto Focal de Trata. Estos organismos trabajarán en conjunto para garantizar la protección de los derechos de las víctimas tras años de sometimiento a condiciones límite.
