En una reunión celebrada este lunes, el Gobierno nacional y las universidades alcanzaron un principio de acuerdo para avanzar con una mejora en las partidas destinadas al sector, que incluía un incremento salarial del 24,3% para los docentes, entre otros puntos. Sin embargo, las negociaciones se frustraron por una condición considerada inapelable por el Ejecutivo: que las casas de estudio retiren la demanda judicial que aguarda un fallo de la Corte Suprema.
El encuentro se desarrolló en un ámbito neutral para evitar la atención mediática y fue encabezado por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, junto a rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El objetivo era destrabar el conflicto presupuestario que impulsó la última Marcha Federal universitaria.
Esquema de pagos propuesto
La propuesta oficial contemplaba una recomposición salarial del 24,3%, destinada a recuperar la pérdida del poder adquisitivo acumulada desde 2024 hasta mayo de 2026. El esquema de pago se dividiría en dos tramos: un 21,3% en junio y el 3% restante en octubre.
Además, el acuerdo incluía la creación de una comisión técnica para abordar el período adeudado de 2024 y el compromiso de establecer negociaciones paritarias cada tres meses hacia adelante.
En materia presupuestaria, el Gobierno también ofreció un 50% de aumento para las becas Manuel Belgrano, un 20% de incremento para gastos de funcionamiento y un fondo adicional de $50 mil millones destinados a hospitales universitarios. A su vez, quedó pendiente la definición del criterio de distribución de una partida superior a $79 mil millones, cuyo congelamiento había generado protestas y advertencias sobre posibles complicaciones en la atención.
Pese a que desde el ámbito universitario calificaron la propuesta como “razonable”, el punto de quiebre fue la exigencia del Ejecutivo de retirar la demanda judicial que reclama la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario, cuyos montos —ajustados por inflación— rondan los 2,5 billones de pesos.
“Eso no va a suceder de ninguna manera. No estamos dispuestos a hacerlo y no es modificable esa situación”, afirmaron rectores, quienes consideran la presentación judicial como un resguardo institucional irrenunciable. Además, sostienen que no existe consenso dentro de la comunidad universitaria para dar marcha atrás con esa acción.
Desde el Gobierno, en tanto, señalaron que el CIN, conducido por Franco Bartolacci, no está dispuesto a ceder en el plano judicial para no perder respaldo interno, y advirtieron que esa postura “lleva a todos a un conflicto sin solución”.
Mientras ambas partes mantienen sus posiciones, coinciden en que existen condiciones para alcanzar un acuerdo. Sin embargo, el desenlace dependerá de quién esté dispuesto a ceder en un punto que, por ahora, aparece como el principal obstáculo para resolver la crisis universitaria.
