La Justicia provincial investiga una denuncia por una presunta estafa superior a los $70 millones que involucra a un empresario dedicado a la distribución de productos avícolas y a un comerciante de la ciudad de Fernández, departamento Robles.
De acuerdo con fuentes judiciales, la presentación fue realizada por Jorge López Saad, propietario de una distribuidora del barrio Huaico Hondo de la Capital, quien señaló haber sufrido un importante perjuicio económico tras concretar una operación comercial vinculada a la venta de mercadería avícola.
Según consta en la denuncia, el comerciante Jorge Nahym Chemez habría adquirido diversos productos y entregado como forma de pago 14 cheques de pago diferido por un monto total de $70.500.000. Sin embargo, al momento de ser presentados para su cobro, los documentos habrían sido rechazados por falta de fondos.
Fuentes ligadas a la investigación indicaron que el denunciante sostuvo que la totalidad de la mercadería fue entregada luego de que el comprador manifestara contar con solvencia económica y capacidad para afrontar la operación. Posteriormente, siempre según la presentación judicial, los intentos de cobro y los reclamos extrajudiciales no habrían obtenido resultados favorables.
La causa ingresó con el patrocinio de los abogados Marcelo Alejandro Sgoifo y Germán Andrada, quienes solicitaron que se investigue la posible comisión del delito de estafa o defraudación. Como respaldo de la denuncia, habrían incorporado documentación bancaria vinculada a los cheques observados por la entidad financiera.
Las mismas fuentes señalaron que la investigación fue derivada al Departamento de Delitos Económicos de la Policía de la Provincia, cuyos especialistas deberán analizar la documentación aportada y realizar distintas medidas tendientes a esclarecer las circunstancias de la operación comercial cuestionada.
En paralelo, trascendió que la defensa de Chemez, representada por el abogado Javier Leiva, presentó un pedido de eximición de prisión. La solicitud deberá ser analizada por un juez, quien previamente dará intervención al Ministerio Público Fiscal para que emita opinión sobre la situación procesal del acusado.
Desde la defensa sostendrían que no existió intención de defraudar y que las dificultades para afrontar los pagos responderían a problemas económicos y comerciales posteriores a la emisión de los cheques.
Por el momento no se formularon imputaciones y la causa se encuentra en etapa inicial de investigación, bajo la órbita de la Fiscalía y con intervención de los especialistas de Delitos Económicos.
