El Gobierno nacional formalizó este miércoles un entendimiento económico con las autoridades de las casas de estudio con el objetivo de dar por cerrado el conflicto universitario que incluyó meses de huelgas y movilizaciones masivas. A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Capital Humano, se detalló que la Subsecretaría de Políticas Universitarias y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) suscribieron un acta acuerdo que establece una recomposición salarial para el sector. Sin embargo, los sindicatos docentes y no docentes tomaron distancia, denunciaron que no fueron incluidos en una mesa paritaria real y advirtieron sobre la continuidad de su plan de lucha.
Los números del acuerdo: salarios, funcionamiento y becas
Según precisó el Poder Ejecutivo, los fondos asignados surgen de “partidas que obtuvo con mucho esfuerzo el Ministerio de Economía”. El esquema de financiamiento y recomposición acordado con los rectores se estructurará de la siguiente manera a partir de este mes:
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Masa salarial: Se transferirá un incremento global del 24,33%, el cual se distribuirá en dos tramos: un 21,33% en junio (calculado sobre los básicos vigentes a mayo de 2026) y un 3% en octubre (sobre los básicos de septiembre de 2026).
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Gastos de funcionamiento: Se dispondrá una actualización del 20% en el monto destinado a los gastos operativos de las universidades públicas a partir de junio de 2026.
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Hospitales universitarios: Se inyectará una partida de refuerzo de $50.000.000.000 para el presupuesto de salud universitaria durante el corriente año.
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Becas estudiantiles: Las becas estratégicas Manuel Belgrano percibirán una actualización del 50% a partir de junio de 2026.
Asimismo, el documento oficial estipula que se garantizarán los fondos para la capacitación de las entidades gremiales y ratifica la obligatoriedad de que las Universidades Nacionales rindan cada uno de los fondos asignados conforme a la legislación vigente.
Tensión gremial y disputa judicial de fondo
Pese al optimismo del Gobierno por destrabar el conflicto institucional con el CIN, la paz social en las aulas universitarias está lejos de garantizarse. Los principales sindicatos docentes y no docentes manifestaron su fuerte disconformidad con el alcance de la negociación y el método de asignación impuesto.
Los representantes de los trabajadores exigen ser incluidos formalmente en una paritaria nacional legítima y anticiparon que en las próximas horas iniciarán deliberaciones internas conjuntas para definir si convalidan las cifras del Ejecutivo o si retoman de forma inmediata el “plan de acción” con nuevos paros y protestas.
El acuerdo, además, se da en un marco de fuerte judicialización. Mientras la Casa Rosada busca sellar una tregua financiera directa con los rectores, en los tribunales persiste el amparo promovido por el propio Poder Ejecutivo contra la Ley de Financiamiento Universitario, una causa clave para la autonomía presupuestaria del sistema público que ya escaló y aguarda una definición en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
