De acuerdo con la presentación realizada ante la Unidad Fiscal por el abogado Martín Aguirre, los hechos comenzaron en marzo de 2025, cuando el denunciante acordó la compra de un vehículo valuado en $12 millones.
Según relató, entregó $7 millones en efectivo como anticipo y pactó financiar el saldo mediante un crédito prendario que, supuestamente, tendría cuotas mensuales cercanas a los $220.000.
Siempre según la denuncia, el propio vendedor se encargó de gestionar toda la documentación necesaria para concretar la operación. En ese contexto, el comprador fue citado a una escribanía para firmar distintos papeles vinculados al trámite.
La víctima sostiene que allí firmó documentación que no estaba completada y que le aseguraron que recibiría la totalidad de los documentos definitivos una vez cancelada la financiación. Posteriormente, el vehículo fue transferido a su nombre y quedó registrada una prenda sobre la unidad.
Los pagos mensuales
Durante los meses siguientes, el comprador afirma haber abonado regularmente las cuotas en efectivo dentro de la concesionaria. Siempre de acuerdo con la denuncia, los montos variaban con frecuencia debido a diferentes explicaciones brindadas por el vendedor.
La suma total entregada por esos pagos habría alcanzado los $2,8 millones, respaldada por recibos confeccionados y firmados manualmente.
Giro inesperado
La situación dio un giro inesperado la semana pasada, cuando una entidad financiera radicada en Buenos Aires se comunicó con el titular del vehículo para reclamar una deuda cercana a los $17 millones.
Según la denuncia, el comprador nunca había mantenido contacto directo con dicha financiera ni había gestionado personalmente ningún préstamo. Su única intervención habría sido proporcionar una dirección de correo electrónico durante la operación comercial.
A partir de las comunicaciones recibidas, la víctima tomó conocimiento de que existía un crédito asociado al vehículo y que, según la entidad, no se registraba el pago de ninguna cuota desde el inicio del contrato.
La hipótesis planteada ante la Fiscalía
La denuncia sostiene que el préstamo habría sido gestionado por el propietario de la concesionaria, quien además habría utilizado el vehículo como garantía prendaria.
Frente a esta situación, la defensa del damnificado sospecha que los fondos obtenidos mediante el crédito y los pagos mensuales realizados por el comprador nunca habrían sido destinados a cancelar la financiación.
Por ese motivo, el abogado querellante solicitó a la Fiscalía que requiera información a la financiera para determinar qué documentación y garantías fueron presentadas al momento de aprobar el préstamo. Además, anticipó que pedirá una rápida imputación del comerciante para avanzar con la investigación.
El acusado permanece detenido desde abril y enfrenta múltiples denuncias por presuntas defraudaciones que, en conjunto, superarían los $100 millones.
