Ante las graves acusaciones vertidas en un medio digital local (Info del Estero), el pasado domingo 26 de julio, cuyo título es “Conflicto por el algodón en Vilelas: los abogados de Halgon denunciaron que Torresi y Casagrande legitiman despojo”, la magistrada respondió que los Lucas Cabañas y Raimundo Ledesma Chazarreta, realizaron manifestaciones que atribuyen a la suscrita de haber actuado de manera parcial, en favor de una firma vecina, por lo que habría incurrido en errores procesales, como prejuzgamiento (ver link https://infodelestero.com/2026/07/26/conflicto-por-el-algodon-en-vilelas-los-abogados-de-halgon-denunciaron-que-torresi-y-casagrande-legitiman-un-despojo/)
Asimismo, cuestionaron que supuestamente había dictado una resolución durante la Feria Judicial, puntualmente el sábado 25 de julio, en coincidencia con la fecha festiva en la provincia.
Recordó también que Cabañas calificó como “un disparate jurídico la medida, sosteniendo que el Poder Judicial está corrompido”, afirmación que avaló Chazarreta, cuestionando que se haya firmado una resolución un día inhábil y, a la vez, sobre mi responsabilidad, escritos del 10 de julio, demostrando un supuesto “trato desigual con las partes involucradas”.
En ese mismo medio se acompañaron videos con las voces de los abogados involucrados donde afirman que hubo acciones deliberadas que “fueron legitimadas por la jueza y por el Ministerio Público Fiscal (MPF), por lo que la sociedad santiagueña debe conocer este proceder delictivo”.
Al respecto, la jueza señaló que son de acceso público las resoluciones judiciales, las que pueden ser consultadas por los medios, como también por cualquier ciudadano, por lo que se desprende que lo manifestado en esa nota es una total falacia.
Por lo tanto, opinó que buscan confundir a la opinión pública, tildando al Poder Judicial de corrupto, por lo que esta jueza habría cometido las violaciones procesales mencionadas, lo que la afecta especialmente cuando se encuentra concursando para ocupar cargos en propiedad ante el Consejo de la Magistratura.
Por otra parte, consideró que es un ataque personal e institucional por parte de los letrados mencionados, porque sólo dictó una resolución del 9 de Julio en función de la ley provincial Nº 7349, ya que ejerce la competencia en lo penal juvenil y, por resolución del Superior Tribunal de Justicia, también se le encomienda intervenir en las causas del Juzgado de Control y Garantías de Capital, siguiendo la rotación organizada por la Oficina General de Audiencias (OGA).
En dicho contexto y ante una petición del MPF, por la existencia de denuncias cruzadas respecto a la explotación de un campo sembrado con algodón, en un predio arrendado a un mismo propietario y donde se habrían registrado amenazas mutuas con armas de fuego, en función de una acta de constatación y revisión incorporada al legajo.
Anteriormente, había intervenido en el mismo conflicto otro juez de Control y Garantías, quien dictó una medida de impedimento de contacto entre las partes enfrentadas, por un lapso de 60 días.
Estando la jueza en su turno, el jueves 9 de Julio, la Fiscalía presentó un pedido ante la Oficina de Gestión de Audiencias, en la que se solicitó una medida cautelar de no innovar, alegando que era una causa incipiente que no se había podido acreditar los hechos narrados en las denuncias cruzadas por no haber acompañado elementos documentales ni probatorios, que evidencien fehacientemente cuál es el derecho de cada una de ellas, aunque existían los riesgos por la amenazas y enfrentamiento entre las partes.
Por esa razón, es que la magistrada dictó la medida cautelar sólo por el plazo de diez días, la que fue notificada y habría caducado el 19 del mismo mes en curso. Aclaró que mantuvo la decisión del juez que intervino anteriormente, a fin de evitar que las partes concretaran sus amenazas y emplearan armas de fuego, con el objetivo de frenar una escalada de violencia.
Remarcó, por otro lado, que sólo intervino mediante la medida cautelar dispuesta el 9 de Julio y luego comenzó el período de Feria Judicial en curso, que se extiende hasta el viernes 31 de este mes.
En este período de Feria, por Acordada del STJ, la Dra. Casagrande Valdueza tiene competencia exclusiva y excluyente en cuestiones penales juveniles, por lo que jamás ha dictado la medida que se le achaca, con fecha 25 de julio, porque no tenía competencia en otras temáticas propias del Juzgado de Control y Garantías, para lo cual fueron designados otros magistrados para intervenir.
En otro orden, aseveró que “respeto la libertad de expresión y no acuso directamente al medio que difundió la nota, porque cita como fuentes a los abogados mencionados, pero sí debe tenerse cierta prudencia cuando se trata de documentación pública, que se puede consultar en la OGA Capital, respecto a las resoluciones que aluden quienes luego efectúan expresiones difamantes y cuál fue su alcance”.
Que también estoy abierta a críticas, las que no objeto de ninguna manera, pero que conforme a los estándares internacionales y constitucionales existe un límite cuando se agravia de corruptelas en el ejercicio de la función pública, sobre todo de la función judicial donde no se puede afectar, injustamente, la confianza solamente por defender intereses propios y sin ningún tipo de veracidad en los hechos expuestos, afectando el accionar profesional del juez.
Por lo tanto, se debe respetar la dignidad y honor de un juez, como la de cualquier ciudadano, porque de lo contrario se incurre en delitos que son penados por la ley, cuando dichas difamaciones son falaces.
Por último, adelantó que en función de ello “voy a utilizar todas las armas que el orden jurídico otorga, para defender mi buen nombre y honor”.
