El juez de Control y Garantías con Competencia Juvenil, Dr. Gastón Merino, dictó el sobreseimiento total y definitivo de Sebastián Enrique Torres O’Mill, un santiagueño que fue denunciado por su exsocio español en ambos países. Se trata de una acusación por supuestas maniobras de estafa y amenazas de muerte para evitar el cobro de una deuda en moneda extranjera.
O’Mill, quien mantenía un complejo litigio legal con el ciudadano europeo González Fernández. Según consta en el proceso penal que instruido en la provincia por la fiscal de turno, Dra. Celia Mussi, el argentino y el español habían conformado una sociedad comercial internacional dedicada a la emisión y comercialización de certificados de carbono, un instrumento financiero verde orientado a evitar la contaminación ambiental y regular la tala de bosques nativos.
La firma operaba comercialmente en España hasta que, a mediados de 2023, la sociedad fue disuelta en medio de severos desacuerdos financieros. En noviembre de ese mismo año, González Fernández acudió a las autoridades policiales de España para denunciar formalmente a Torres O’Mill.
De acuerdo con la demanda inicial, González acusó al santiagueño de haberlo llamado desde un teléfono celular con número privado para amenazarlo de muerte si insistíacon que le devolviera el dinero derivado de una supuesta estafa corporativa.
Posteriormente, el empresario europeo amplió su presentación ante la Justicia con acusaciones de “asociación ilícita y estafas reiteradas”. Alegó que, bajo el paraguas de firmas espejo constituidas tanto en Santiago del Estero como en el exterior, el imputado captaba fondos de inversores prometiendo la entrega de un software avanzado para transaccionar títulos de carbono.
Supuestamente, él estaba al tanto de que esos sistemas tecnológicos no existían o eran inaplicables en el mercado real. El denunciante aseguraba que el santiagueño prometía retornos millonarios sobre corporaciones que jamás podrían operar por la falta de soporte técnico.
Fallo en Europa
El 30 de abril de 2024, la Justicia española dictó el sobreseimiento de Torres O’Mill y ordenó el archivo definitivo de las actuaciones. Determinó de forma categórica que no existían indicios ni elementos probatorios que encuadraran en un ilícito de índole penal y concluyó que la disputa por los bonos de carbono debía resolverse en el fuero civil y comercial.
Mientras tanto, el Dr. Martín Lencina, defensor de O’Mill, batalló en los tribunales locales para extinguir el legajo penal. El letrado argumentó ante el juez que el hecho investigado “no existió” y que “jamás fue cometido” por su representado. A demás, alegó que los plazos procesales de la investigación preparatoria se encontraban largamente vencidos.
Finalmente, en una audiencia oral celebrada en el palacio de tribunales, el juez Merino convalidó los argumentos de la defensa y le otorgó a Torres O’Mill el sobreseimiento definitivo.
