A través de una comunicación formal, se confirmó la marcha atrás del funcionario Manuel Adorni, quien finalmente no asistirá al Senado de la Nación para brindar el pormenorizado informe de gestión que se encontraba programado originalmente para el jueves 2 de julio de 2026. La determinación, adoptada de manera intempestiva por la mesa chica de la Casa Rosada, interrumpió los preparativos de las comisiones parlamentarias y alteró el cronograma de debate pautado con la vicepresidenta Victoria Villarruel.
La suspensión del informe obligatorio que impone el artículo 101 de la Constitución Nacional repercutió de inmediato en la coyuntura política actual, principalmente en la oposición que apelaba a la moción de censura para destituirlo de su cargo.
Vale mencionar que Patricia Bullrich, le habría solicitado al Jefe de Gabinete que no asista ya que eso afectaría a la estructura del partido y la credibilidad del gobierno de Javier Milei.
Los motivos de la Casa Rosada detrás de la sorpresiva cancelación de Adorni
La decisión de suspender la visita al Senado comenzó a madurar en los despachos del Palacio de Hacienda y la Jefatura de Gabinete tras analizar el clima hostil reinante en la Cámara Alta. Voceros oficiales justificaron la medida argumentando razones de fuerza mayor vinculadas al reordenamiento de la agenda ejecutiva y la necesidad de pulir los anexos estadísticos que acompañan las miles de preguntas enviadas por los legisladores. Sin embargo, en los pasillos del Congreso se interpreta el movimiento como una maniobra táctica destinada a evitar una exposición de alto desgaste político en medio de las discusiones por la prórroga de facultades y el financiamiento de las cajas previsionales.
El malestar en el Senado y la dura reacción de los bloques de la oposición
Como era de preverse, la cancelación masiva del evento institucional despertó un rechazo unánime por parte de las principales fuerzas de la oposición parlamentaria. Distintos senadores de Unión por la Patria y de los bloques provinciales salieron a cruzar con dureza la decisión oficial, catalogando la marcha atrás como una “falta de respeto institucional” y una evasión flagrante a los mecanismos de control que estipula la Carta Magna para los ministros del Poder Ejecutivo. Desde los despachos de los representantes norteños aseguraron que el informe era la oportunidad clave para exigir explicaciones públicas por la paralización de la obra pública en el interior.
Por su parte, los representantes del oficialismo y los sectores aliados en la Cámara Alta intentaron poner paños fríos a la controversia, asegurando que la presentación no fue suspendida de forma definitiva, sino que se trata de una reprogramación técnica obligada. Según la versión oficialista, la intención del Ejecutivo es fijar una nueva fecha de consenso hacia mediados o fines del mes de julio, permitiendo que la totalidad de los datos requeridos por las provincias se encuentren debidamente consolidados en el informe final.
