En una entrevista brindada a #MDI, Florencia Gómez analizó críticamente la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo nacional, advirtiendo sobre las verdaderas intenciones que se esconden detrás del nombre de la normativa.
Para la especialista, el título elegido por el oficialismo funciona como una pantalla distractora de una reforma mucho más profunda y estructural que atenta contra los recursos estratégicos del país. “El gobierno le llama inviolabilidad de la propiedad privada pero a modo de caballo de Troya, es una especie de eufemismo similar al de la modernización laboral pero en realidad lo que quieren hacer es derogar la ley de tierras o sea avanzar sin ningún tipo de límites en cuanto a la extranjerización de la tierra”, disparó Gómez, recordando además que la protección de la propiedad privada ya se encuentra consagrada explícitamente en la Constitución Nacional, por lo que no se requiere una nueva ley para ratificarla.
La referente desglosó el amplio abanico de reformas que introduce el texto, al cual no dudó en catalogar como una normativa con múltiples e inquietantes aristas comerciales que impactan directamente en el federalismo y la obra pública. “Básicamente nosotros le llamamos una especie de ley polirrubro porque toca el tema de expropiaciones, el tema de desalojos, establece unos desalojos express, las expropiaciones van a ser prácticamente imposibles para los gobiernos municipales o provinciales que quieren llevar adelante una obra pública pero la realidad del corazón de la propuesta es liberar del todo la extranjerización de la tierra”, detalló.
Gómez argumentó que, con el marco regulatorio vigente, el país ya cuenta con un límite del 15% para la titularidad extranjera de los campos, del cual hoy solo está ocupado un 5%. “En Argentina estos son cerca de 13 millones 200 mil hectáreas, casi la superficie de Santa Fe. Estando la ley vigente todavía tiene cerca de 20 pico millones, casi 30 millones de hectáreas para extranjerizar, ¿qué no les basta? ¿o qué es lo que quieren? ¿cuánta tierra quieren o acaso quieren el agua?”, interpeló con preocupación.
Asimismo, Gómez vinculó esta avanzada sobre los recursos naturales con los recientes anuncios gubernamentales sobre la instalación de grandes servidores tecnológicos en el sur del país, advirtiendo que el verdadero interés de las corporaciones internacionales radica en los recursos hídricos y energéticos de la Patagonia para refrigerar dichos sistemas de inteligencia artificial.
En esa misma línea de análisis sobre la soberanía, calificó la reforma como “la ley Lewis” y denunció que se está utilizando una estrategia de distracción mediática para avanzar en otras áreas sensibles, como la reciente concesión de la administración del comercio en la Hidrovía del Río Paraná a socios vinculados al ministro Caputo. Concluyendo su intervención, la especialista enfatizó el rechazo social latente frente a este tipo de medidas entreguistas y la necesidad de dar un debate honesto de cara a la sociedad “no pueden decirle a la gente ‘señores, vamos a extranjerizar el país’ porque yo creo que si hoy haces una encuesta a los argentinos si están de acuerdo o no con la extranjerización de la tierra yo te aseguro que el 80% va a decir que no”.
