La Cámara Federal de Apelaciones porteña dio un paso clave en la causa $LIBRA, la investigación penal que gira en torno al polémico lanzamiento de una criptomoneda y sus presuntos vínculos con el poder político. El tribunal fijó para el 10 de agosto la audiencia en la que revisará la decisión del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien había apartado a los inversores particulares del rol de querellantes.
La controversia central del caso radica en si los inversores particulares tienen derecho a formar parte activa de la investigación (lo que les permite proponer pruebas y acceder al expediente) o si deben quedar al margen.
El juez Martínez De Giorgi los excluyó al aceptar un planteo de “falta de acción” presentado por la defensa del lobista Mauricio Novelli, uno de los principales apuntados en el expediente. Los argumentos contrapuestos en la causa reflejan la complejidad legal de los delitos financieros en el entorno cripto:
La postura del Juez: Sostuvo que el lanzamiento fallido ocurrió con una “memecoin”, un activo digital de alta volatilidad y baja regulación. Según el magistrado, quienes compraron estos tokens asumieron riesgos de mercado inherentes y, además, no se acreditó de forma directa la titularidad ni un “perjuicio directo” en los términos que exige la ley para ser querellante.
La postura de los damnificados: Los inversores (Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo) apelaron argumentando que su exclusión implica un prejuzgamiento sobre la estafa. Afirman que las pericias de cibercrimen muestran una maniobra coordinada y no una simple fluctuación financiera. Denuncian que hubo información privilegiada que permitió a ciertas billeteras virtuales operar segundos antes de que el proyecto se difundiera masivamente a través de la cuenta de X (antes Twitter) del presidente Javier Milei.
Las defensas de los particulares
Los inversores desplazados se dividen en dos representaciones legales para revertir la medida ante la Cámara:
Bloque mayoritario: Marchetto, Vega, Paris y Quintero están patrocinados por Nicolás Rechanik, abogado del equipo legal del diputado nacional Juan Grabois. Este grupo recuerda que su rol ya había sido validado previamente, incluso con un antecedente de la Corte Suprema.
Inversor independiente: Martín Romeo litiga con su propio recurso bajo el patrocinio del letrado Nicolás Oszust.
La causa $LIBRA
La justicia busca determinar si el creador de la criptomoneda, el ciudadano estadounidense Hayden Davis, pagó un multimillonario soborno a intermediarios locales —como Mauricio Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy— para lograr acercarse al presidente Javier Milei y conseguir que este promocionara el proyecto de forma pública. Actualmente, la investigación penal está delegada en el fiscal federal Eduardo Taiano.
El escenario en Comodoro Py
La definición del conflicto quedó en manos de la Sala I del Tribunal de Apelaciones, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. Los damnificados podrán presentar sus fundamentos por escrito o solicitar exponer de forma oral el 10 de agosto.
El fallo de esta Sala se dará en medio de un escenario de recambio institucional. El Poder Ejecutivo ya envió al Senado los pliegos para designar al juez en lo penal económico Pablo Yaradola y revalidar al propio Bertuzzi en las vocalías vacantes de esa sala (cuyos asientos fueron ocupados durante el gobierno de Mauricio Macri mediante traslados desde tribunales orales). Sin embargo, fuentes judiciales estiman que el trámite legislativo y administrativo demorará varias semanas, por lo que la composición actual de la Cámara sería la encargada de resolver el destino de los inversores en el caso antes de que se efectivicen los cambios.
