El conflicto por la tierra y el algodón en la zona rural de Vilelas escaló en las últimas horas. Los abogados de Halgon S.A.S., Lucas Nicolás Cabañas y Raimundo Ledesma Chazarreta, presentaron un recurso de apelación contra la resolución de la jueza de Control y Garantías Erika Casagrande Valdueza, y a la vez avanzaron con una recusación contra el fiscal Miguel Torresi. El escrito, al que accedió Info del Estero, apunta contra ambos funcionarios por lo que la defensa describe como una sucesión de resoluciones arbitrarias que, sostienen, terminaron beneficiando a la empresa denunciada.
La frase que resume el nivel del enfrentamiento fue pronunciada por el abogado Lucas Cabañas durante una entrevista: “Lo único que falta es que el fiscal Torresi venga, se suba a la máquina y coseche con Capitanich”.
La declaración no fue aislada. Forma parte del argumento con el que la defensa presentó una apelación contra la medida cautelar dictada por la jueza Casagrande y una recusación contra el fiscal Torresi, a quienes acusa de actuar de manera parcial en favor de la firma vecina.
Qué dice la apelación
El nuevo recurso de apelación cuestiona la resolución de la jueza Casagrande, que habilitó a Capitanich Agropecuaria S.A.S. a intervenir sobre la cosecha. Para la defensa, esa decisión configuraría una violación al derecho de propiedad privada consagrado en el artículo 17 de la Constitución Nacional, en la medida en que legitimaría el despojo de la posesión sobre un cultivo con contrato vigente.
El escrito también apunta contra lo que describe como contradicciones e irregularidades procesales: la jueza se había declarado incompetente ante planteos similares y luego habría reasumido competencia de forma abrupta. Además, la defensa cuestiona que haya dictado resoluciones durante días inhábiles, entre ellos el 25 de julio, feriado provincial por el cumpleaños de la Ciudad, que este año coincidió con un sábado. También sostiene que dejó sin responder los planteos de Halgon antes de derivar el expediente a otro juzgado.
A esto se suma el reclamo por una prohibición de acercamiento de 60 días que, según la defensa, se aplicó únicamente a Halgon S.A.S. y sin reciprocidad, lo que —sostienen— habría permitido que personal de Capitanich Agropecuaria ingresara al predio el 25 de julio tras romper los cercos perimetrales. La defensa afirma además que tomó conocimiento de la resolución de manera accidental y que nunca fue notificada formalmente, lo que a su entender vulnera las garantías del debido proceso.
Torresi denunciado por extralimitación de facultades
El escrito contra el fiscal Miguel Torresi lo señala por una presunta extralimitación de facultades y por haber requerido, según los abogados, una medida que calificaron de ilegal al autorizar a un tercero a intervenir sobre un cultivo ajeno. La defensa afirma también que el fiscal habría omitido considerar el contrato de cosecha vigente a favor de Halgon S.A.S.
El punto más grave del planteo se refiere al episodio del 25 de julio. Según relataron los letrados, tras el ingreso de personal de Capitanich al predio, intentaron hacer llegar al fiscal de turno documentación fotográfica y fílmica del hecho a través del teléfono corporativo habilitado para ese tipo de comunicaciones. Sin embargo, sostienen que el fiscal se negó a recibir de manera remota esa documentación, indicándoles que las actuaciones se incorporarían recién cuando el legajo físico ingresara formalmente, es decir, días después.
“Nosotros ahora, independientemente de eso, porque inclusive ni siquiera ha mandado a hacer una constatación (…) cuando hemos realizado la denuncia y ha salido en todos los medios, se ha negado, lisa y llanamente, a recibir por WhatsApp la documentación de forma urgente. Nos dijo que iba a tomar las medidas cuando le llegara el legajo físico, recién el martes”, relató Cabañas.
Los abogados remarcaron que la denuncia había sido realizada por ellos mismos como profesionales, tras haber sido —según afirman— amenazados con armas de fuego en el campo en disputa.
“Dos abogados litigantes haciendo la denuncia y la respuesta fue que se las mandáramos el martes, en papel, ni siquiera en PDF. Eso nos dejaba librados a lo que pudiera pasar”, cuestionó Cabañas, quien calificó la situación como “un disparate” y sostuvo que “el Poder Judicial está totalmente corrompido”, en referencia a la actuación de ambos funcionarios en esta causa puntual.
Ledesma Chazarreta, por su parte, describió la falta de intervención policial pese al conocimiento de la situación:
“El fiscal y la jueza no autorizan, la policía conoce de la situación pero no puede actuar porque no tiene directiva de las autoridades judiciales, que sabiendo toda la situación no adoptan las medidas que corresponderían: el secuestro urgente de la mercadería, la exclusión de esa gente y la paralización de la cosecha”.
Y graficó la situación con una comparación: “Si vos vas a derecho, es como que entre un tercero a tu casa y te use la cocina, el baño, todo, y vos tengas que tolerarlo y encima estar afuera”.
Denuncias por amenazas
Durante la entrevista, los abogados también afirmaron haber denunciado que fueron amenazados con armas largas mientras se encontraban en el establecimiento rural.
Según relataron, informaron esa situación al Ministerio Público Fiscal y solicitaron medidas inmediatas. “Éramos dos abogados litigantes denunciando que nos habían amenazado con armas largas y nos dijeron que recién el martes se iba a recibir la documentación”, expresó uno de los letrados.
Además, cuestionaron que, pese a que la Policía conocía la situación, no podía intervenir sin instrucciones judiciales.
Cuestionamientos a la jueza
Las críticas también alcanzan a la jueza Erika Casagrande. La apelación sostiene que incurrió en resoluciones contradictorias, ya que primero se declaró incompetente en planteos similares y luego volvió a intervenir para dictar nuevas medidas.
Los abogados también cuestionan que haya firmado resoluciones durante días inhábiles mientras —afirman— permanecían sin respuesta diversos escritos presentados por la defensa desde el 10 de julio. Según el recurso, esa conducta demuestra un trato desigual respecto de las partes involucradas.
La defensa insiste en que no existe una disputa
Halgon mantiene la postura que ya había expresado al iniciarse el conflicto: sostiene que no existe una discusión sobre la titularidad del cultivo, sino un contrato vigente que habilita únicamente a esa empresa a realizar la cosecha.
Destino del algodón denunciado como robado
Los abogados de Halgon afirmaron además que parte del algodón cuya extracción consideran ilegal ya habría sido trasladado a las plantas desmontadoras Deyfus y Sáfico, ubicadas en Quimilí. Según sostienen, ambas firmas fueron notificadas formalmente de que esos rollos corresponden a mercadería denunciada como robada, por lo que cualquier operación sobre ese material quedó bajo conocimiento de esa situación en el marco del conflicto judicial.
Mientras tanto, el enfrentamiento continúa minuto a minuto en el establecimiento rural, donde —según denunciaron los abogados— siguen ingresando camiones para retirar el algodón.
