En el marco de la causa por estafa que investiga al tucumano Franco David Alderete, la policía concretó ayer cuatro allanamientos en tres locales comerciales y una vivienda en las ciudades de San Miguel de Tucumán y Lules. Durante los procedimientos, hallaron un depósito con anabólicos ilegales e incautaron computadoras, celulares, documentación.
Los operativos estuvieron a cargo de la División Centro de Información Criminal del Departamento Inteligencia Criminal (D-2) y fueron supervisados por el fiscal Fernando Blanno, junto al jefe del D-2, Comisario General Omar Soria, y el segundo jefe, Comisario Inspector Víctor Lazarte. Las medidas procesales fueron dispuestas por la jueza Criss Rosa Luz Correa sobre tres locales comerciales ubicados en San Miguel de Tucumán y Lules, además de una vivienda particular.
Depósito clandestino de anabólicos
Como resultado del amplio despliegue policial en los inmuebles vinculados a Alderete, los investigadores incautaron nueve teléfonos celulares, cuatro unidades centrales de procesamiento (CPU) y abundante documentación técnica, contratos y pagarés de sumo interés para el legajo. Todo el material quedó formalmente a disposición de las autoridades de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad N° 2.
Asimismo, durante la requisa en uno de los establecimientos comerciales, las fuerzas de seguridad descubrieron un depósito secundario. Allí se almacenaba una importante cantidad de Esteroides Anabólicos Androgénicos (EAA). Dichos fármacos carecían de las autorizaciones sanitarias y los registros correspondientes exigidos por los organismos de control, por lo que fueron sacados de circulación e incorporados a las actuaciones secundarias.
El modus operandi de Alderete
La pesquisa judicial se inició a partir de una catarata de denuncias radicadas por decenas de víctimas —entre ellas destacados inversores y referentes del ámbito del fitness de Santiago del Estero y Tucumán—. Según los testimonios colectados en el expediente, Alderete captaba importantes sumas de dinero en pesos y en moneda extranjera ofreciendo retornos financieros atractivos a través de la firma comercial de venta de suplementos que administraba.
Para infundir una apariencia de solvencia y ganar la confianza de los clientes, el imputado exhibía locales a la calle, suscribía pagarés y mostraba supuestos contratos de representación para la importación directa de maquinaria de gimnasios e insumos deportivos desde el exterior.
Si bien durante los primeros meses cumplió con la liquidación de los dividendos pautados, a partir de mediados de 2025 los pagos se interrumpieron de forma definitiva. Ante la insistencia y los reclamos de los damnificados, Alderete solía excusarse alegando presuntos bloqueos en sus cuentas bancarias, embargos judiciales o demoras administrativas en la Aduana para la nacionalización de contenedores.
Con el paso del tiempo, las evasivas escalaron a cambios sistemáticos en la denominación comercial de sus negocios y, según consta en la causa, a expresiones intimidatorias dirigidas a quienes exigían la restitución de sus capitales.
