Un nuevo foco de conflicto interno sacude al Gobierno nacional en el ámbito legislativo ya que la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, adoptó una decisión institucional que condiciona la estrategia de la Casa Rosada en el tratamiento de la derogación de la Ley de Tierras.
Villarruel habilitó la participación de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti en la sesión clave donde se discutirá la iniciativa, una medida que causó el inmediato agradecimiento público de sectores del kirchnerismo.
La resolución de la Presidencia de la Cámara Alta desarticuló la maniobra del bloque de La Libertad Avanza (LLA), que buscaba impugnar o restringir la presencia de la legisladora de Unión por la Patria para asegurar la mayoría de votos. Al priorizar el reglamento interno del Senado por sobre las directivas del Poder Ejecutivo conducido por Javier Milei, la Vicepresidenta volvió a marcar marcadas diferencias con la conducción libertaria.
La decisión de Villarruel y la ratificación que dependerá del recinto
El nudo de la controversia parlamentaria radicaba en el estatus y la validez reglamentaria de Fernández Sagasti para integrar la sesión especial convocada para debatir los cambios en la propiedad de tierras por parte de extranjeros. Pese a las presiones del oficialismo para bloquear su intervención, la firma del decreto emitido por Villarruel autorizó el ingreso de la legisladora.
Sin embargo, el dictamen administrativo firmado por la titular del Senado establece una condición procesal determinante: la incorporación definitiva de Fernández Sagasti a la votación deberá ser convalidada por el pleno del recinto mediante una votación a mano alzada al inicio de la jornada. Esta salvedad traslada toda la tensión política al cuerpo de senadores, donde cada banca resultará vital para definir el quórum y el resultado final.
El guiño del kirchnerismo y el malestar en la Casa Rosada
La postura de la Vicepresidenta no pasó desapercibida en los pasillos del Congreso ni en las filas de la oposición. Distintos referentes de Unión por la Patria valoraron de forma explícita el apego de Villarruel a las normas institucionales de la Cámara Alta, interpretando la medida como un gesto de imparcialidad que garantiza la representación parlamentaria de las minorías.
La propia Sagasti reconoció esta decisión e incluso Mayra Mendoza también reconoció la medida de la vicepresidenta, “nobleza obliga”, indicó.
Qué establece la Ley de Tierras y qué se juega en la votación
El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo busca derogar o modificar la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. Esta norma, promulgada en 2011, establece un tope del 15% para la titularidad de tierras rurales en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental.
Mientras que el Gobierno sostiene que la desregulación resulta indispensable para dinamizar sectores estratégicos como la minería, la energía y la agroindustria, la oposición advierte sobre la pérdida de soberanía sobre recursos naturales y cuencas hídricas esenciales.
