El Gobierno nacional amplió el bloqueo de celulares a las cárceles provinciales

El Gobierno de Javier Milei extendió este martes el programa de bloqueo de celulares en cárceles a los establecimientos penitenciarios provinciales, mediante la Resolución 806/2026 publicada en el Boletín Oficial. La medida, firmada por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, establece un sistema para detectar dispositivos móviles utilizados dentro de las áreas de detención y gestionar su bloqueo a través de las empresas de telefonía.

La normativa invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a incorporarse al programa nacional mediante un convenio de adhesión. La Subsecretaría de Articulación Federal será la dependencia encargada de implementar el sistema en las jurisdicciones que soliciten su incorporación.

Cómo funcionará el bloqueo de celulares en cárceles provinciales

El mecanismo contempla el bloqueo de tres elementos vinculados al teléfono detectado: el IMEI, que identifica de manera única al dispositivo; el IMSI, asociado a la tarjeta SIM; y la línea telefónica correspondiente.

De esta manera, el sistema busca evitar que un equipo detectado dentro de un establecimiento penitenciario pueda continuar funcionando mediante un simple cambio de tarjeta SIM. Una vez identificados los dispositivos, la información será enviada a las empresas prestadoras para que realicen las inhabilitaciones correspondientes.

Seguridad será la encargada de pedir los bloqueos

Las provincias no podrán solicitar directamente a las compañías telefónicas la inhabilitación de los equipos. Según establece la nueva normativa, el Ministerio de Seguridad de la Nación funcionará como ventanilla única para recibir y canalizar los pedidos de bloqueo hacia las empresas prestadoras del servicio móvil.

Este esquema ya había sido establecido mediante la Resolución 734/2026, publicada el 13 de agosto. Allí se había definido que la cartera nacional recibiría la información sobre los dispositivos detectados en establecimientos penitenciarios para luego remitirla a las compañías, que deberán efectuar los bloqueos correspondientes.

La implementación en cada jurisdicción quedará sujeta a la adhesión de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para acceder al sistema nacional se aprobó un modelo de convenio que deberán suscribir las jurisdicciones interesadas.