Causa Vialidad: la defensa de Cristina Kirchner suma nuevas pruebas y recurre a la ONU para levantar su inhabilitación

El equipo jurídico de Cristina Fernández de Kirchner ofreció una conferencia de prensa clave para revelar novedades de alto impacto respecto a la presentación efectuada ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Encabezados por Carlos Alberto Beraldi, acompañado por los juristas Rafael Valim y Javier Borrego, los defensores informaron sobre la incorporación de nuevas pruebas documentales en la causa Vialidad, buscando revertir la condena a seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos dictada por la Justicia argentina.

Durante la presentación realizada en la Ciudad de Buenos Aires, el abogado Beraldi detalló que el eje central de las recientes pruebas remitidas a los organismos internacionales gira en torno a las partidas asignadas a través del Decreto 54/2009.

Según precisó la defensa, las auditorías e informes de inversión demuestran que los fondos dirigidos a la provincia de Santa Cruz tuvieron una distribución diferente a la sostenida en el fallo judicial, remarcando que al empresario Lázaro Báez solo se le asignó un porcentaje mínimo del presupuesto nacional ejecutado. Ante la prensa y referentes políticos, el letrado brasileño Rafael Valim remarcó que este hallazgo representa un giro decisivo en el expediente, argumentando que no existen fundamentos fácticos ni sustento técnico para mantener firme la sentencia contra la exmandataria.

Los juristas insistieron en que el proceso judicial vulneró múltiples garantías procesales consagradas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre las que destacan el derecho a la presunción de inocencia, el debido proceso y el uso de un recurso judicial efectivo.

Reclamación internacional y el horizonte político para 2027

El objetivo de fondo de la estrategia desplegada por el equipo legal apunta a lograr que el organismo internacional dicte una medida que suspenda de inmediato la inhabilitación perpetua que pesa sobre la expresidenta. Con este mecanismo procesal, los letrados buscan garantizar que se restablezcan los derechos políticos de la dirigente del Partido Justicialista y habilitar el marco legal necesario para su eventual participación en los próximos comicios electorales.

Consultados sobre los plazos jurídicos y la posibilidad concreta de que la exjefa de Estado compita en el escenario electoral de 2027, los letrados explicaron que la viabilidad del trámite depende de los tiempos de resolución del comité internacional. No obstante, aclararon que cualquier definición sobre eventuales postulaciones o candidaturas de unidad se mantendrá supeditada a las decisiones adoptadas por el tribunal y a la evolución de la causa en el plano judicial exterior.

El planteo ante Naciones Unidas formaliza la denuncia por proscripción política y persecución mediante mecanismos de "lawfare", argumentando que el fallo de origen adolece de nulidad absoluta. La presentación legal ha generado una fuerte expectativa en los distintos sectores del arco político nacional y local, mientras la defensa aguarda las primeras notificaciones por parte del órgano protector de derechos humanos de la ONU.