Reino Unido tildó de "inaceptables" las sanciones argentinas a empresas que operan en Malvinas
El Ministerio de Asuntos Exteriores británico rechazó las medidas legales impulsadas por el Gobierno nacional.
El Gobierno del Reino Unido hizo pública una declaración en la que consideró "inaceptables" y "sin justificación legal" las sanciones y acciones judiciales entabladas por la Argentina contra empresas privadas e individuos que operan en las Islas Malvinas. La postura oficial fue difundida a través de un comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO), horas después de que la gestión argentina remitiera al Parlamento un nuevo proyecto de Ley de Soberanía Nacional.
La funcionaria británica Seema Kumaran ratificó la posición histórica de la corona sobre el territorio en disputa, señalando que los habitantes del archipiélago poseen el derecho de disponer de sus recursos naturales en el marco del principio de autodeterminación.
Cuestionamientos a las presiones sobre el sector hidrocarburífero
Desde la Cancillería británica sostuvieron que el Estado argentino ha continuado con acciones de presión sobre firmas dedicadas a la provisión directa e indirecta de bienes y servicios, con especial énfasis en la industria de los hidrocarburos.
Según el comunicado oficial, el Reino Unido considera que cualquier intento de instrumentar mecanismos internacionales o sancionar penalmente a personas jurídicas por entablar vínculos comerciales en el área "carece de legitimidad". La administración británica remarcó que, pese a los antecedentes de medidas económicas prohibitivas promovidas por Buenos Aires, la actividad comercial interna del archipiélago mantiene un ritmo próspero.
Publicación de la guía comercial del Reino Unido
El pronunciamiento diplomático de Londres se suma a una serie de decisiones adoptadas desde mediados de septiembre, cuando el gobierno británico hizo pública la guía titulada "Haciendo negocios con las Islas Malvinas". El documento fue elaborado para dar cobertura jurídica y respaldo institucional a las empresas internacionales que decidan invertir en la exploración de recursos o prestar servicios dentro de la zona marítima circundante a las islas.
La escalada de declaraciones vuelve a tensar las relaciones bilaterales por la soberanía del Atlántico Sur, en medio de las estrategias judiciales que la Argentina lleva adelante para bloquear la explotación no autorizada de recursos naturales en aguas continentales.
