El oficialismo convocó a una mega sesión en Diputados con la Ley de Tierras, morosidad y discapacidad como temas centrales
En el temario fijado por la conducción libertaria se destaca la aceptación de la derogación del artículo del DNU sobre la Ley de Tierras, tras el reciente fallo de la Corte Suprema

Con el objetivo estratégico de frenar la embestida opositora contra el DNU 70/2023, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la Nación convocó a una mega sesión parlamentaria para el próximo 21 de octubre. La estrategia legislativa impulsada por el oficialismo busca desactivar la reunión especial que la oposición tenía prevista para el 15 de octubre. En el temario fijado por la conducción libertaria se destaca la aceptación de la derogación del artículo del DNU sobre la Ley de Tierras, tras el reciente fallo de la Corte Suprema, así como la discusión de proyectos clave en materia de regímenes para personas con discapacidad, refinanciación de la morosidad crediticia y un nuevo sistema de Seguridad Nacional.
La decisión del oficialismo implica ceder terreno en puntos sensibles de la agenda legislativa para proteger el núcleo duro de la desregulación económica contemplada en el megadecreto presidencial.
Al incorporar proyectos propios y de bloques aliados —como el PRO y la UCR—, la Casa Rosada busca arrebatar la iniciativa política a los sectores opositores de Unión por la Patria y Encuentro Federal, ofreciendo un ámbito de negociación que garantice el quórum y evite el rechazo definitivo del DNU 70 en el recinto de la Cámara Baja.

La estrategia para blindar el DNU 70/2023 y neutralizar la avanzada opositora
El núcleo de la jugada del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y de los referentes parlamentarios del oficialismo radica en desarticular la convocatoria impulsada por las bancadas opositoras para el 15 de octubre. Fuentes del bloque libertario explicaron que la inclusión de los reclamos vinculados a la Ley de Tierras y la emergencia en discapacidad dentro del temario del 21 de octubre le quita argumentos a los sectores críticos para forzar un rechazo al DNU sin debate previo.
Al acceder a tratar una norma que reinstale las restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros —conforme al fallo de la Corte que repuso la Ley 26.737—, el Poder Ejecutivo busca amortiguar la presión política de los bloques provinciales. A su vez, la estrategia persigue ganar margen de maniobra de cara al tratamiento del Presupuesto 2027 y la discusión para suspender o eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Modificaciones a la Ley de Tierras y la adecuación tras el fallo de la Corte Suprema
Uno de los ejes más relevantes del temario acordado para la mega sesión del 21 de octubre será la reconfiguración del régimen sobre Propiedad Privada y Tierras Rurales. Tras la medida cautelar dispuesta por el máximo tribunal de justicia que frenó la derogación del marco normativo mediante el DNU 70/2023, el oficialismo aceptó incluir la ratificación parlamentaria de los límites a la extranjerización de los suelos agrícolas y recursos hídricos.
La intención de la bancada oficialista es avanzar en una norma de consenso que reestablezca los topes porcentuales de titularidad extranjera fijados originalmente en la Ley 26.737, pero introduciendo precisiones técnicas que brinden certidumbre a las inversiones productivas en el sector agroindustrial. Con esta concesión, La Libertad Avanza busca contener el descontento de los gobernadores de provincias con amplias extensiones rurales y ecosistemas protegidos.
Plan de refinanciación de deudas y morosidad
El orden del día consensuado para el 21 de octubre abordará también la severa problemática del endeudamiento de las familias mediante un proyecto de refinanciación de morosidad crediticia. La iniciativa promovida en la Comisión de Finanzas contempla esquemas de facilidades de pago para deudores de tarjetas de crédito y préstamos personales, aplicando como techo financiero la tasa TAMAR (plazos fijos mayoristas) más un 25% sobre el costo financiero total para evitar cargos abusivos por mora.




