Últimas novedades del caso Fürth Automotores: la defensa de Moyano solicitó una pericia contable urgente
En la causa que involucra a la concesionaria Fürth Automotores, los abogados de Graciela Alejandra Moyano solicitaron una pericia contable urgente para reconstruir el circuito de los fondos, identificar a quienes realizaron aportes y establecer quiénes autorizaron los pagos. El escrito menciona cifras millonarias y advierte sobre la necesidad de evitar duplicaciones en los registros.
La investigación judicial sobre Fürth Automotores S.A. suma un nuevo planteo: la defensa de una empleada imputada, representada por los Dres. Eduardo Javier Leiva y Lucas Díaz pidió profundizar el análisis patrimonial de la empresa para determinar de dónde provino el dinero, cómo circuló y quién tomó las decisiones sobre su utilización.
La presentación fue realizada ante el Ministerio Público Fiscal. A través de un pedido de medidas urgentes, los letrados solicitaron que se reconstruyan los movimientos económicos de la concesionaria mediante documentación bancaria, societaria y contable.
El planteo pone el foco en operaciones por cientos y miles de millones de pesos que, según la defensa, aparecen mencionadas en documentación incorporada a la causa. Los letrados sostienen que no alcanza con identificar ingresos y egresos: también consideran necesario establecer quién aportó los fondos, quién dispuso su aplicación y cuál fue el destino final de cada suma.
Fürth Automotores: las cifras millonarias que la defensa pide verificar
En su presentación, los abogados mencionan distintas operaciones vinculadas con Volkswagen Financial Services, obligaciones tributarias, proveedores y compradores de vehículos.
Entre los importes detallados en el escrito figuran:
- Aproximadamente $703 millones en pagos a Volkswagen Financial Services que, según la defensa, se habrían realizado con aportes de socios.
- Otros $2.531.421.099,95 en obligaciones con esa entidad financiera cuya cancelación se vincularía con aportes societarios.
- $396.831.477,86 destinados a obligaciones tributarias, pagos a proveedores y devolución de señas.
- Alrededor de $1.400 millones correspondientes a vehículos que habrían sido abonados por compradores y que, según las referencias incorporadas al legajo, no habrían sido entregados.
La defensa aclara que las cifras deben contrastarse con los comprobantes originales y los registros correspondientes. También advierte que no se puede asumir que todos los importes sean independientes entre sí ni que cada suma mencionada represente necesariamente un desembolso efectivamente realizado.
Por ese motivo, uno de los objetivos del pedido es determinar si existen operaciones contabilizadas en más de una categoría, obligaciones que todavía no fueron canceladas o montos que no representen ingresos efectivos.
Quién puso el dinero y quién decidió cómo utilizarlo
Uno de los principales requerimientos apunta a identificar de manera individualizada a quienes realizaron aportes a la sociedad. La defensa pidió que se informe la condición de cada aportante, el importe, la fecha de la operación, las cuentas de origen y destino, la documentación respaldatoria y la registración contable correspondiente.
Además, solicitó que se determine quién autorizó la utilización de los fondos y qué documentación societaria respaldó esas decisiones.
En relación con Volkswagen Financial Services, los abogados requirieron información sobre pagos, contratos de financiación, cronogramas, refinanciaciones y cuentas bancarias desde las cuales se habrían efectuado las cancelaciones.
El planteo también contempla la posibilidad de que algunos accionistas hayan realizado pagos directamente a la entidad financiera, sin que el dinero ingresara previamente en cuentas de Fürth Automotores. La defensa considera que esa distinción es necesaria para reconstruir los movimientos sin contabilizar dos veces una misma suma.
La presentación solicita, además, que se individualicen las operaciones con compradores de vehículos. Para cada caso, pide conocer qué unidad se adquirió, cuál fue el precio pactado, cuánto dinero se pagó, qué recibos o facturas se emitieron, quién recibió los fondos y cuál es el estado actual de la operación, incluidas las eventuales devoluciones.
La pericia contable que podría reconstruir el circuito financiero
Los representantes de Moyano solicitaron la designación de un perito contador del Palacio de Tribunales para analizar los movimientos económicos y responder doce puntos de pericia.
Entre las cuestiones que proponen examinar se encuentran el total efectivamente ingresado por aportes de socios, los pagos realizados a Volkswagen Financial Services, las cuentas utilizadas para esas operaciones y las sumas percibidas por vehículos que no habrían sido entregados.
También pidieron que se comparen los registros comerciales, contables y bancarios para detectar posibles diferencias y establecer si los montos informados en distintas presentaciones incluyen operaciones duplicadas o compromisos que no llegaron a cancelarse.
Otro de los pedidos apunta a preservar documentación que podría resultar relevante para la investigación. La defensa solicitó resguardar comprobantes de aportes, extractos bancarios, recibos, facturas, libros contables, actas societarias y registros informáticos relacionados con la autorización y ejecución de pagos.
La finalidad de esa medida, según el escrito, es garantizar la autenticidad e integridad de los elementos que posteriormente puedan ser examinados.
La defensa busca delimitar el papel de la empleada imputada
El planteo tiene un eje específico: establecer cuál fue la intervención de Graciela Alejandra Moyano en las operaciones investigadas y qué facultades tenía dentro de la empresa.
Sus abogados solicitaron que se determine si la empleada podía autorizar pagos, decidir quién recibía los fondos, disponer de aportes societarios o cancelar obligaciones, o si sus tareas estaban limitadas a funciones operativas de caja y registración.
Los letrados señalaron que no buscan que se dé por sentado que su defendida no tuvo participación en los hechos, sino que su conducta sea analizada a partir de pruebas concretas sobre las funciones que desempeñaba y las decisiones que efectivamente podía adoptar.
En ese marco, cuestionaron que la responsabilidad penal de una empleada pueda establecerse sin esclarecer previamente el circuito de los fondos y la intervención de quienes tenían a su cargo la administración del patrimonio de la sociedad.
