El escenario político nacional se trasladará la próxima semana al Congreso de la Nación con la constitución de las comisiones clave para tratar los proyectos más ambiciosos del Poder Ejecutivo.
El próximo martes 10 de febrero comenzará formalmente el proceso de designación de autoridades en las comisiones que tendrán a su cargo el análisis del Proyecto de Modernización Laboral y la nueva Ley Penal Juvenil. Según la agenda oficial, el debate de la reforma laboral se iniciará en el Senado el miércoles 11, luego de haber sido postergado el año pasado, en un marco de intensas negociaciones entre el oficialismo de La Libertad Avanza y los bloques denominados “dialoguistas” como el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica.
La iniciativa de modernización laboral impulsada por la gestión de Javier Milei propone una transformación estructural del sistema vigente. Entre sus puntos más controversiales se encuentra la modificación del régimen de indemnizaciones y la creación de un “Fondo de Cese Laboral” a través de convenios colectivos de trabajo. El proyecto también busca reducir las contribuciones patronales para incentivar el empleo formal e introduce la figura del “Colaborador Independiente”, que permitiría un régimen de autonomía sin relación de dependencia tradicional. Asimismo, se plantea un sistema de flexibilidad mediante un “Banco de Horas”, que permitiría compensar excesos de jornada con días de descanso en lugar del pago de horas extras, lo cual ha generado un fuerte rechazo de las centrales sindicales, que ya convocaron a movilizaciones frente al Congreso.
En paralelo, el Gobierno busca avanzar con la Ley Penal Juvenil, cuya modificación principal es la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años. El proyecto establece un régimen especial que prioriza medidas socioeducativas y penas alternativas para delitos menores, pero endurece la respuesta estatal ante hechos de gravedad.
La normativa propone un máximo de 20 años de condena para menores y prohíbe explícitamente la reclusión perpetua. Sin embargo, contempla que los adolescentes de 14 años o más que cometan delitos graves puedan recibir penas similares a las de los adultos, con un tope de 15 años de prisión, con la salvedad de que no podrán ser alojados en cárceles comunes.
Desde la óptica oficialista, esta reforma penal pretende terminar con lo que denominan la “puerta giratoria” y actualizar una legislación que consideran obsoleta para sancionar delitos que hoy quedan impunes por la edad de sus autores. Para los delitos con penas inferiores a tres años o aquellos que no involucren violencia grave, el sistema priorizaría la libertad asistida y las tareas comunitarias.
Mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, continúa las gestiones con los gobernadores para asegurar el apoyo territorial, el Congreso se prepara para un periodo de sesiones extraordinarias que promete ser uno de los más intensos de la historia reciente.
