La historia empezó como tantos sueños: comprar en pozo, apostar al crecimiento, invertir los ahorros de toda una vida. Pero hoy, para al menos 36 damnificados, ese sueño está atravesado por la angustia, la incertidumbre y una batalla judicial compleja.
En el piso de La Mañana de Info, Germán Jugo, Luis Coronel y Gabriela Coronel —los primeros denunciantes en la causa contra el desarrollador inmobiliario Oscar Zambolín— contaron en primera persona cómo se gestó lo que hoy denuncian como una millonaria estafa vinculada a un edificio de 36 unidades, además de otras propiedades con situaciones similares.
El caso salió a la luz el viernes y rápidamente generó impacto por las cifras involucradas y por el entramado legal que rodea al proyecto, donde incluso se discute quiénes son los verdaderos titulares del terreno.
“Fui el primer denunciante”
Germán Jugo relató que canceló su departamento en marzo de 2020, en plena pandemia. “Yo pagué de contado. Después me agarró la pandemia y le pedí refinanciar el saldo. Me dijo que hiciéramos para atrás la operación, pero devolviéndome el mismo capital de meses atrás. Terminé sacrificando un vehículo cero kilómetro para cancelar”, explicó.
Según contó, cuando fue a cerrar la operación le exigieron una actualización cercana al 21%. El plazo de entrega pactado era diciembre de 2021. Sin embargo, la fecha se fue dilatando.
“Siempre pasaba algo. Hasta que en noviembre de 2024 dejó de atender el teléfono. Tomó el mando su esposa, Cecilia, que enviaba informes médicos diciendo que estaba internado. Después bloqueaban el teléfono. No había respuestas”, señaló.
Más adelante fueron convocados a una reunión en la escribanía donde habían firmado los boletos. Allí —según relató— les informaron que no había fondos para terminar la obra.
Un compromiso incumplido desde 2018
Luis Coronel compró en diciembre de 2018. El plazo de entrega era 36 meses desde abril de 2019. “Yo cancelé entregando un vehículo cero kilómetro y el dinero restante. Me dijeron que había demoras por la pandemia, pero nada más”, explicó.
Nunca había iniciado reclamos formales hasta que fue convocado a la reunión en febrero de 2025. Allí les hablaron de un posible fideicomiso y de supuestos acuerdos con los propietarios del terreno.
“Eso nos confundió más. Propusimos reunirnos con los dueños del terreno para destrabar la situación, pero nunca lo logramos. Ni siquiera nos dejaron entrar a ver el avance de obra”, sostuvo.
“Aquí se compró confianza”
Gabriela Coronel habló en representación de su madre y su tía, ambas adultas mayores. “Ellas compraron confianza. Comprar en pozo es eso: confiar. Depositaron los ahorros de toda su vida”, dijo con firmeza.
Contó que hasta último momento intentaron encontrar una salida negociada. Incluso aceptaron la idea de un fideicomiso donde los propios damnificados aportarían fondos adicionales para terminar la obra.
“El señor pagó un tiempo el alquiler, eso lo reconozco. Pero después se desvinculó de todo. Nosotros no queremos atacar a nadie, queremos una solución. Que entreguen, aunque sea fuera de plazo”, expresó.
Reclamos millonarios y negociaciones frustradas
En representación de otros propietarios, José Julián expuso un dato que agravó el panorama: el abogado de la familia propietaria del terreno —identificada como la familia Díaz-Papa— habría solicitado dos millones de dólares para destrabar el conflicto.
Además, según relató, otro letrado pidió como honorarios un departamento. “Nunca vi que el estafado tenga que pagar las costas. Hoy una propiedad en esa zona no vale ni 300 mil dólares y nos piden dos millones. Es una locura”, afirmó.
Los denunciantes aseguran que muchos estaban dispuestos a aportar más dinero para terminar el edificio, pero que no encontraron voluntad de acuerdo.
¿Desborde o estafa?
Sobre el final de la entrevista, surgió la pregunta inevitable: ¿esto fue un intento deliberado de estafa o una situación que se fue de las manos?
Germán consideró que “se les ha ido de las manos”. Luis prefirió no juzgar: “No sabemos qué pasó. Solo queremos que cumplan”. Gabriela fue más cauta: “No queremos atacar a la persona ni a la familia, queremos que entreguen”.
Sin embargo, con el paso del tiempo y ante cláusulas que hoy observan con dudas —como permutas que figuraban inscriptas y luego habrían presentado inconsistencias— la desconfianza crece.
Mientras tanto, cada damnificado avanza por vía judicial de manera individual. Lo que comenzó como una inversión inmobiliaria hoy es un entramado legal complejo donde se mezclan sueños truncados, ahorros perdidos y la incertidumbre sobre quién responderá finalmente.
El caso promete seguir generando repercusiones en Santiago del Estero, donde al menos 36 familias esperan respuestas concretas.
