Tras una disputa de competencias, la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que la causa contra la exministra de Seguridad y actual senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, deberá tramitarse en los tribunales federales de Comodoro Py. Con las firmas de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal asignó el expediente al juzgado a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi.
La resolución va en línea con el dictamen de la Procuración General y ratifica que las acciones de un funcionario nacional en el ejercicio de sus funciones —especialmente en el marco de operativos de seguridad federal— son de incumbencia exclusiva de dicho fuero.
La investigación se inició tras una presentación del diputado Horacio Pietragalla (Fuerza Patria), referida a los incidentes ocurridos durante una manifestación contra el veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria.
Los puntos centrales que la justicia deberá evaluar apremios ilegales y abuso de autoridad. Pues, vale recordar la actuación de la Policía Federal que dejó un saldo de aproximadamente 30 heridos, incluyendo a ocho trabajadores de prensa.
La investigación gira en torno a la responsabilidad de Bullrich al haber monitoreado el despliegue represivo en tiempo real desde el centro de comando.
Antes de llegar a la Corte, el expediente recorrió un camino de rechazos mutuos entre magistrados. El juez Martínez De Giorgi intentó desprenderse de la causa argumentando que el debate sobre el “protocolo antipiquetes” ya se estaba tratando en la justicia ordinaria mediante un habeas corpus.
Luego, el juzgado nacional devolvió el caso, señalando que una denuncia penal por la conducta de una ministra en funciones es “de indudable competencia federal” y no puede mezclarse con acciones declarativas de certeza sobre la validez de un protocolo.
Mientras que el Procurador General, Eduardo Casal, acaró que la similitud jurídica entre causas no justifica cambiar las reglas de competencia, criterio que finalmente adoptó la Corte.
Al quedar radicada en el juzgado de Martínez De Giorgi, la causa entra ahora en una etapa de recolección de pruebas para determinar si las órdenes impartidas por Bullrich excedieron los límites legales del uso de la fuerza.
