Frente a la escalada de versiones periodísticas circulantes en las últimas horas, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) salió al cruce para desmentir que su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, ni el tesorero de la entidad hayan sido citados por la Justicia de los Estados Unidos o que hayan sido objeto de medidas cautelares como el secuestro de sus teléfonos celulares.
A través de un comunicado institucional, la AFA aclaró de manera precisa el alcance del expediente tramitado en el exterior. “La citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida se encuentra dirigida a un tercero, a quien se le requiere su comparecencia ante un Gran Jurado y la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de esta Asociación”, dice el escrito.
Sin medidas contra dirigentes ni secuestro de bienes
La AFA remarcó que el documento judicial que tomó estado público “no dispone ninguna medida personal respecto del presidente ni de su Tesorero, no ordena su comparecencia, no les impone obligación procesal alguna y tampoco registra diligencia de secuestro o incautación de bienes de su propiedad”.
Desde el órgano sostuvieron que la propagación de estas versiones constituye un acto de “grave desinformación” que atenta de forma injustificada contra el honor y la imagen tanto de las máximas autoridades como de la propia institución.
Advertencia de acciones legales
En el tramo final del comunicado, la entidad envió un fuerte mensaje hacia los medios de comunicación y a los profesionales del sector. La AFA “exhorta a los medios de comunicación y a quienes ejercen la actividad periodística a verificar adecuadamente el contenido de los documentos antes de publicar afirmaciones que no encuentran respaldo en ellos, recordando que el rigor informativo constituye un deber esencial del periodismo responsable”.
Asimismo, la conducción del fútbol argentino advirtió que no dejará pasar el episodio por alto y ratificó que se reserva “el ejercicio de todas las acciones legales que pudieran corresponder frente a la difusión de información falsa o manifiestamente engañosa que lesione los derechos de la institución o de sus autoridades”.
