La defensa de Cristina Kirchner intenta frenar el decomiso de bienes vinculados a los hijos de la exvicepresidenta. La defensa realizó una presentación ante la Cámara Federal de Casación Penal con el fin de impugnar la decisión del Tribunal Oral Federal N°2 que había ordenado esta medida, en el marco de la causa Vialidad.
En principio, se había previsto una audiencia oral, pero la fiscalía y la defensa optaron por presentar escritos ante la Sala IV de la Cámara de Casación. Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy reclamaron que se revoque la resolución del TOF 2 que dispuso el decomiso de distintos inmuebles y terrenos ubicados principalmente en la provincia de Santa Cruz, entre ellos varias propiedades en Río Gallegos y otras en la zona de El Calafate, donde funciona el complejo hotelero Los Sauces.
Los letrados explicaron que los bienes fueron cedidos legalmente a Máximo y Florencia Kirchner, por lo que no pueden ser considerados producto ni instrumento del delito investigado en la causa.
Según trascendió este viernes, el monto total del decomiso asciende a $684.990.350.139,86, cifra que surge de la actualización de los $84.835 millones fijados originalmente en la sentencia de diciembre de 2022, que aún no está firme, ya que fue impugnada ante la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo a lo publicado por MDZ, los penalistas señalaron que los jueces incurrieron en “una contradicción flagrante”. Recordaron que el 1.º de septiembre de 2025, apenas dos meses antes de la resolución ahora impugnada, el mismo Tribunal Oral había fijado un criterio distinto: el proceso de recupero de bienes “no puede ser entendido de manera indeterminada o expansiva” y solo puede afectar a activos que sean “instrumentos, producto o provecho del delito”.
En el documento, el tribunal incluso había criticado duramente la postura de la fiscalía, al señalar que su razonamiento “desnaturaliza el instituto” y configura “una interpretación abiertamente contra legem”. Pero meses después, el tribunal adoptó la misma lógica que había rechazado.
Por otra parte, los abogados consideraron que la decisión judicial es un acto de persecución política y cuestionaron la aplicación de un supuesto “modelo de decomiso amplio”. A su criterio, este no está previsto en la legislación argentina y permitiría incautar bienes sin demostrar su relación directa con el delito investigado.
