La Procuración del Tesoro de la Nación solicitó formalmente a la Justicia de los Estados Unidos la suspensión inmediata del proceso de discovery en el marco del litigio por la expropiación de YPF. El pedido, encabezado por el flamante procurador Sebastián Amerio, busca revertir la decisión de la jueza Loretta Preska, quien autorizó el acceso a los mensajes de WhatsApp y comunicaciones privadas de funcionarios y exfuncionarios argentinos. La defensa presentó una moción ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York para postergar la audiencia probatoria fijada para fines de abril, argumentando que la medida vigente vulnera principios de soberanía nacional.
Los abogados del Estado argentino basan su reclamo en una aplicación incorrecta del derecho argentino por parte del tribunal neoyorquino, la existencia de un prejuicio irreparable para las relaciones exteriores y el cumplimiento previo de la entrega de más de 117.000 páginas de documentos y notas de voz.
La tensión judicial aumentó luego de que los demandantes solicitaran que la Argentina sea declarada en “desacato”, pidiendo sanciones que el Gobierno calificó como improcedentes y desproporcionadas. Desde la Procuración destacaron que el país ya facilitó horas de testimonios de siete funcionarios de alto rango, pero advierten que la continuidad de esta etapa procesal impacta en la previsibilidad necesaria para el desarrollo de las relaciones financieras internacionales.
Finalmente, la presentación argentina sumó el respaldo del Departamento de Justicia norteamericano, que envió un documento a favor de la postura de nuestro país ante el tribunal de Preska.
La estrategia oficial se encamina ahora a sostener una defensa firme frente a medidas que consideran contrarias al orden jurídico nacional, asegurando que se agotarán todos los recursos legales para evitar que la causa interfiera con los principios del derecho internacional público y la confidencialidad de la gestión estatal.
