La muerte de Martín Maldonado, el financista de 50 años hallado sin vida en el barrio privado El Timbó, habría desatado un escándalo financiero. A pocos días del hallazgo de su cuerpo, aparecieron presuntos acreedores que reclaman sumas astronómicas de plata.
La autopsia confirmó que no hubo intervención de terceros y que se trató de un suicidio. Y, pese a que desde el entorno del profesional afirmaban que no tenía problemas económicos, empezaron a salir a la luz llamados cruzados y reclamos informales que superan los 500.000 dólares.
Maldonado lideraba una consultora financiera registrada en Bolsa con sede en la intersección de Mitre y 25 de Mayo. Tras su fallecimiento, varios socios de la entidad comenzaron a recibir consultas de inversores, tanto locales como de otras provincias, que exigían la devolución de sus capitales.
Sin embargo, la respuesta desde la firma fue que no existen registros oficiales de esos aportes. Según fuentes del entorno de la consultora, los socios se encuentran en un estado de “desconocimiento total” respecto a estas operaciones.
Las supuestas inversiones no figuran en los libros contables ni en los registros digitales de la entidad. Los reclamos verbales ascienden a USD 500.000, aunque se teme que la cifra sea mayor. Mientras que, los socios aseguran desconocer de dónde proviene ese dinero y bajo qué condiciones Maldonado habría pactado dichas entregas.
En un principio, el entorno íntimo de Maldonado manifestó que el hombre “no tenía problemas económicos ni afectivos”, lo que hacía inexplicable su determinación de quitarse la vida en la vivienda que alquilaba entre Los Romano y Villa Robles. No obstante, la presión de estos acreedores “fantasma” sugiere que el financista podría haber estado manejando una estructura paralela de capitales que sus propios socios ignoraban.
Pese al ruido generado en el microcentro santiagueño, hasta el momento no se han radicado denuncias penales ni civiles ante la Justicia. El problema principal para los reclamantes radica en la falta de documentación. Pues, al no existir registros de las inversiones en la consultora, las posibilidades de recuperar el dinero por la vía legal contra la sociedad son, por ahora, muy bajas.
La fiscalía, mientras tanto, aguarda movimientos. Si los acreedores deciden formalizar sus pedidos, la causa podría derivar en una investigación por estafas o manejos financieros irregulares, lo que obligaría a abrir los libros de la consultora de par en par.
