El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.801 que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil. La medida fue oficializada mediante el Decreto 138/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
La norma introduce modificaciones importantes en el sistema penal para menores de edad. Entre los cambios principales se destaca la baja en la edad de imputabilidad, que pasa de 16 a 14 años, junto con la implementación de un nuevo sistema de penas graduadas.
Este esquema contempla tanto la edad del menor como las particularidades del contexto en el que se cometió el delito. El objetivo es que los adolescentes puedan ser juzgados penalmente, pero con un enfoque que priorice su educación, resocialización e integración a la sociedad.
El proyecto fue aprobado por el Senado durante el período de sesiones extraordinarias del 27 de febrero con 44 votos positivos y 27 negativos, lo que permitió su sanción definitiva tras haber obtenido previamente media sanción en la Cámara de Diputados.
Originalmente, el oficialismo había impulsado una iniciativa que fijaba la edad de imputabilidad en 13 años. Sin embargo, en el marco de negociaciones parlamentarias con bloques aliados, el Ejecutivo aceptó elevar el límite a 14 años para lograr mayor consenso político.
Con esta modificación, el Gobierno consiguió el respaldo de sectores como el PRO y la UCR, que consideraban que ese límite representaba un punto de equilibrio más cercano a los estándares de la mayoría de los países de la región.
En América Latina, países como Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana fijan la edad de imputabilidad en 14 años. En tanto, Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá la establecen desde los 12 años.
