Las organizaciones del sector discapacidad han declarado el estado de emergencia nacional ante una crisis que califican como la más grave de las últimas dos décadas debido a la falta de pagos en programas fundamentales como PAMI e Incluir Salud lo que pone en riesgo la atención de unas 250 mil personas en todo el país. Federaciones como CAIDIS y FATRADIS advierten sobre una situación terminal donde la interrupción de la cadena de pagos desde finales del año pasado junto a una inflación que supera ampliamente los aumentos arancelarios está empujando al sistema hacia una parálisis definitiva que afecta no solo a los pacientes sino a cerca de un millón de personas entre familiares y trabajadores.
Impacto en medicamentos y servicios esenciales
La parálisis financiera ya genera consecuencias críticas en la vida cotidiana con la suspensión de entrega de medicamentos pañales e insumos esenciales desde el mes de noviembre afectando la sostenibilidad de instituciones clave como centros de día hogares y escuelas terapéuticas. Este desequilibrio económico se profundiza por un atraso arancelario cercano al 33 por ciento en comparación con la inflación acumulada lo que imposibilita cubrir los costos operativos básicos mientras que en el ámbito de los talleres protegidos la precarización alcanza niveles extremos con salarios congelados que se encuentran muy por debajo del mínimo vital y móvil.
Pérdida de empleo y endeudamiento fiscal
La crisis también golpea fuertemente al mercado laboral del sector donde ya se contabiliza la pérdida de al menos 1500 puestos de trabajo especialmente en el área de transporte especial y prestadores que debieron cerrar o reconvertir sus servicios ante la imposibilidad de sostener los gastos. En paralelo las instituciones atraviesan un severo endeudamiento con ARCA y organismos fiscales donde una de cada cuatro organizaciones mantiene deudas acumuladas y planes de pago vigentes para evitar el cierre definitivo mientras reclaman una regularización urgente de las transferencias estatales para garantizar la continuidad de estos servicios esenciales en todo el territorio nacional.
