A través de la Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía, el Gobierno nacional formalizó el llamado a licitación pública, nacional e internacional, para la venta del 100% del paquete accionario de Intercargo S.A.U.. Así, la empresa estatal que monopoliza por ahora el servicio de rampa en los aeropuertos del país, será privatizada.
La medida ya había sido anticipada por el ministro Luis Caputo y se apoya en los lineamientos de la Ley 27.742 y el Decreto 198/2025, bajo el argumento de promover la competencia y eficiencia en un sector históricamente cerrado.
Para garantizar lo que el Ejecutivo define como “máxima concurrencia y transparencia”, todo el proceso se centralizará en la plataforma CONTRAT.AR. De acuerdo al cronograma, los interesados podrán realizar preguntas sobre el pliego hasta el 27 de abril de 2026.
El plazo límite es el 7 de mayo a las 9:30, mientras que la apertura de sobres se realizará ese mismo 7 de mayo a las 10:00, apenas media hora después del cierre de recepción.
Valuación y condiciones de venta
El precio base de Intercargo no fue una cifra al azar; surge de una auditoría y valuación realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). El esquema elegido es el de “licitación de etapa múltiple”, lo que permitirá al Gobierno filtrar las propuestas no solo por el monto económico, sino también por la capacidad técnica de los operadores.
Un detalle técnico no menor que establece la resolución es la necesidad de rescindir el contrato de concesión vigente. Antes de que el nuevo dueño tome las llaves, el Estado e Intercargo deberán dar de baja, por mutuo acuerdo, el contrato actual que le otorga la exclusividad de los servicios de rampa.
Para evitar “turbulencias” durante la transición, se creó una Comisión Evaluadora “ad hoc”. Este equipo trabajará en conjunto con la Secretaría de Transporte y la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”. Estos organismos tendrán la facultad de pedir asistencia técnica a la propia Intercargo mientras dure el proceso de venta.
Desde la Casa Rosada insisten en que este movimiento no es solo una cuestión de caja, sino una decisión estratégica para promover la participación de operadores con experiencia global y reducir el gasto público asociado al mantenimiento de la estructura estatal aeroportuaria.
