Conflicto en Chapadmalal: la Justicia ordenó el desalojo de los hoteles y escala la tensión por su privatización
La Justicia ordenó desalojar a los trabajadores de los hoteles de Chapadmalal ante el plan del Gobierno de concesionar el complejo por 30 años. Familias que residen allí hace décadas denuncian que son tratadas como "intrusas" mientras legisladores buscan que la Provincia asuma la administración.

La histórica Unidad Turística de Chapadmalal, emblema del turismo social en Argentina, se encuentra en el centro de un fuerte conflicto judicial y político. En las últimas horas, la Justicia bonaerense ordenó el desalojo del complejo, mientras la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) intimó a unos 50 trabajadores a abandonar las viviendas que ocupan dentro del predio en un plazo de diez días.

El objetivo del Gobierno nacional, según lo anunciado previamente por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, es otorgar una concesión por 30 años a inversores privados para restaurar la infraestructura y eliminar el déficit que, según cifras oficiales, representaba una pérdida millonaria para el Estado.

Trabajadores en alerta: “Nos tratan de intrusos”

La medida afecta directamente a más de 30 familias que residen en los pabellones de mantenimiento desde hace décadas. Florencia Marco Ruiz, delegada de ATE, expresó el malestar del sector, la dirigente aclaró que las casas fueron cedidas por el Estado como parte de sus condiciones de trabajo y no como un “favor”.

Los empleados adelantaron que no abandonarán las viviendas sin la firma de un juez y denunciaron que la AABE no es su empleador directo. Marco Ruiz detalló que los sueldos del sector oscilan entre los 500 mil y el millón de pesos, lo que dificulta a las familias costear un alquiler externo de forma inmediata ante la intimación.

El trasfondo del desalojo es el plan de licitación impulsado por la Secretaría de Turismo, a cargo de Daniel Scioli, para la venta o concesión de Chapadmalal y su par cordobés, Embalse.

El argumento oficial: El Gobierno sostiene que el Estado no debe dedicarse a la hotelería, actividad que consideran puramente privada. Además, señalan que los complejos generaban pérdidas de hasta 10 millones de dólares anuales.

La contrapropuesta provincial: La senadora provincial Fernanda Raverta presentó un proyecto de ley para que la Provincia de Buenos Aires recupere la titularidad de dominio y asuma la administración, con el fin de preservar el modelo de turismo social fundado en la década del ’50.

Un complejo con historia

Inaugurada bajo la presidencia de Juan Domingo Perón y construida con aportes de la Fundación Eva Perón, la Unidad Turística cuenta con nueve hoteles de tres pisos a la vera de la Ruta 11. Durante 70 años, fue el destino principal para que familias de clase trabajadora accedieran a vacaciones en la costa atlántica.

Actualmente, el gremio ATE ha presentado un recurso de amparo para frenar el desalojo por la fuerza pública, mientras la incertidumbre crece entre los empleados, cuya continuidad laboral dependerá exclusivamente de “la inversión que hagan los privados” en caso de concretarse la licitación

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