En el marco de la “Causa Vialidad”, el fiscal federal Diego Luciani elevó un requerimiento formal ante el Tribunal Oral Federal N° 2 para ampliar la lista de bienes sujetos a decomiso. La presentación incluye una fuerte carga tanto judicial como simbólica, ya que solicita el decomiso del departamento de la calle San José 1111, en el barrio de Constitución, el domicilio actual donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple su condena bajo arresto domiciliario.
Según el dictamen, la propiedad forma parte del entramado patrimonial investigado y debe ser ejecutada para contribuir a resarcir el daño económico provocado al Estado por el fraude en la obra pública de Santa Cruz, valuado por la Justicia en cerca de $685.000 millones.
“Segunda tanda” de bienes
El pedido de la fiscalía representa una segunda etapa en el proceso de recuperación de activos y apunta a un volumen de bienes millonario. Entre los activos que el Ministerio Público Fiscal busca incautar se destacan 141 inmuebles, de los cuales 13 pertenecen a sociedades ligadas a la familia Kirchner y 128 se encuentran vinculados a las empresas de Lázaro Báez. Además, hay un total de 46 vehículos en la mira de la justicia.
También los USD 4.664.000 hallados en la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, y de USD 992.134 depositados en cuentas bancarias y otras sumas menores en moneda nacional.
Dentro de este nuevo listado, además del departamento de Constitución, figuran activos considerados “emblemáticos” dentro de la estructura hotelera y residencial investigada, tales como los hoteles Alto Calafate y La Aldea, el chalet de la costanera de Río Gallegos, y diversas propiedades y terrenos distribuidos en la provincia de Santa Cruz.
Los argumentos de la fiscalía
Para fundamentar la solicitud, el fiscal Luciani remarcó que los acusados ya fueron intimados formalmente a devolver las sumas fijadas por la Justicia tras la confirmación de la condena, pero advirtió que hasta el momento “no han depositado ni un solo peso”. Ante la falta de pago voluntario, el fiscal señaló que corresponde avanzar de manera directa sobre los activos identificados.
Asimismo, Luciani argumentó que la magnitud y las características del patrimonio detectado en la investigación evidencian “fortunas desproporcionadas” en comparación con los ingresos declarados por los involucrados durante el período 2003-2015.
La resolución de este pedido quedó bajo la órbita del Tribunal Oral Federal N° 2, compuesto por los magistrados Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. Serán ellos quienes determinen si convalidan el dictamen fiscal e incorporan estos nuevos bienes al proceso definitivo de ejecución patrimonial.
Por su parte, los equipos legales de Cristina Kirchner y de sus hijos mantienen la presentación de diversos recursos técnicos ante los tribunales con el propósito de frenar el avance de las incautaciones.
