A través de un decreto presidencial, Javier Milei oficializó la eliminación total de los derechos de exportación para el sector de vehículos, una iniciativa englobada dentro de una estrategia de desgravación fiscal que apunta a apuntalar la competitividad externa de las terminales radicadas en el país y dotar de previsibilidad a los flujos de inversión de mediano plazo.
El esquema diseñado por los equipos técnicos del Gobierno establece una salida gradual del tributo, considerando que en la actualidad la exportación de vehículos y componentes se encuentra gravada con una alícuota del 4,5%.
Hacia el arancel cero
Para evitar un impacto abrupto en las planillas de recaudación fiscal, el Palacio de Hacienda dispuso un cronograma de transición que se extenderá por un plazo de tres años:
Inicio del proceso: Comenzará a regir a partir de julio de este año, aplicando una reducción progresiva y constante del 0,375% mensual.
El sendero de desgravación confluirá de manera definitiva en el 0% de retenciones en junio de 2027. Por su estructura productiva, el beneficio económico directo impactará de forma central en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, distritos subnacionales que concentran la totalidad de las plantas terminales automotrices y el grueso de la red de proveedores autopartistas del entramado local.
Optimismo empresarial
Las cámaras empresariales y los directivos recibieron la noticia con optimismo. Sin embargo, los voceros de la industria aclararon un punto clave para el mercado doméstico: al tratarse de un beneficio exclusivo para los bienes que se envían al extranjero, la medida no tendrá un impacto directo en los precios finales de venta al público de los vehículos en los concesionarios locales.
El titular de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), Rodrigo Pérez Graziano, ponderó la definición estatal al destacar el valor de contar con un “sendero claro y previsible” trazado hasta el año 2027. Desde la entidad que nuclea a las terminales subrayaron que la certidumbre jurídica y fiscal resulta un insumo indispensable para la aprobación de nuevos proyectos de inversión en las casas matrices.
No obstante, las automotrices aprovecharon el anuncio oficial para reactivar la agenda de reclamos impositivos hacia las administraciones del interior.
