En una resolución considerada inédita en el país, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba reconoció que la muerte de una joven de 24 años estuvo vinculada a la aplicación de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19 y ordenó al Estado nacional avanzar con una indemnización millonaria para su familia.
El fallo, emitido por la Sala A del tribunal federal cordobés, determinó que existió relación directa entre la primera dosis de la vacuna rusa y el cuadro médico que terminó provocando el fallecimiento de Melín Agustina Sartori en julio de 2021.
La decisión judicial marca un precedente histórico en Argentina, ya que se trata de uno de los primeros casos en los que la Justicia responsabiliza al Estado dentro del marco de los efectos adversos asociados a las vacunas aplicadas durante la pandemia.
La madre de la víctima inició la demanda
La resolución fue impulsada tras la demanda presentada por María Virginia Ruiz, madre de la joven, quien sostuvo desde el inicio que la muerte de su hija debía investigarse como una posible reacción derivada de la inmunización contra el coronavirus.
Los jueces concluyeron que Sartori sufrió una trombosis con trombocitopenia luego de recibir la primera dosis de Sputnik V, cuadro que derivó en un deterioro neurológico irreversible y posteriormente en su fallecimiento.
En consecuencia, el tribunal ordenó al Ministerio de Salud de la Nación completar el procedimiento administrativo previsto por la Ley 27.573, vinculada al Fondo de Reparación Covid-19, para que la familia pueda acceder a una compensación económica equivalente a 240 haberes mínimos jubilatorios, cifra que rondaría actualmente los 95 millones de pesos.
El caso tuvo un largo recorrido judicial y médico. Según se desprende del expediente, la joven gozaba de buen estado de salud antes de vacunarse. Días después de recibir la dosis comenzó con fuertes dolores de cabeza y vómitos, síntomas que derivaron en internaciones y estudios posteriores.
Uno de los elementos centrales para la resolución fue la reevaluación realizada por la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa), que terminó reconociendo formalmente el nexo causal entre la vacuna y el evento adverso sufrido por la paciente.
Además, distintos informes médicos incorporados a la causa señalaron que el cuadro clínico era compatible con una reacción secundaria asociada a la vacunación contra el Covid-19.
El abogado de la familia indicó que el proceso fue complejo debido a la falta de antecedentes similares y remarcó que el objetivo de la madre no sólo era obtener una reparación económica, sino también visibilizar el caso y abrir una discusión sobre los sistemas de control y farmacovigilancia de las vacunas aplicadas durante la emergencia sanitaria.
La sentencia todavía puede ser apelada, pero ya comenzó a generar repercusiones en ámbitos judiciales, sanitarios y políticos por el impacto que podría tener en futuras demandas relacionadas con efectos adversos derivados de vacunas contra el coronavirus.
