Este jueves, la Cámara Federal de Casación Penal del país rechazó los recursos extraordinarios presentados por las defensas de Cristina Fernández de Kirchner, del empresario Lázaro Báez y de los representantes legales de Máximo y Florencia Kirchner. De este modo, quedó firme el avance sobre los bienes destinados a cubrir el millonario decomiso ordenado en la causa Vialidad.
La resolución fue adoptada de forma mayoritaria, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes respaldaron el criterio que había impuesto previamente el Tribunal Oral Federal Nº 2. El decomiso en juego alcanza la cifra de 684.990 millones de pesos y comprende un total de 111 inmuebles.
La medida es parte de la etapa de ejecución económica, en la cual Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Semanas atrás, la expresidenta había intentado congelar este avance patrimonial sobre sus activos y los de sus hijos con la intención de elevar el debate a la Corte Suprema de Justicia, una estrategia que acaba de ser bloqueada en esta instancia.
Los argumentos de los jueces
El voto mayoritario del tribunal consideró que las apelaciones de las defensas no lograron demostrar la existencia de una “cuestión federal” con la entidad suficiente para habilitar de forma directa la intervención de la Corte Suprema, interpretando que los planteos constituían meras discrepancias con resoluciones que ya habían sido revisadas.
En el voto que lideró el acuerdo, el camarista Gustavo Hornos fue tajante al sostener que “el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida”.
Bajo esa premisa, el magistrado defendió la aplicación inmediata del decomiso para evitar que los actos de corrupción cristalicen beneficios económicos permanentes, remarcando que las maniobras investigadas causaron “un flujo económico de magnitud extraordinaria en perjuicio del erario público”. Por su parte, el juez Barroetaveña adhirió al rechazo señalando que los recursos no acreditaron arbitrariedad ni violaciones concretas a las garantías constitucionales.
Los bienes afectados
Las impugnaciones de los abogados defensores hacían especial hincapié en proteger el patrimonio de Máximo y Florencia Kirchner, quienes actúan en el expediente bajo la figura jurídica de terceros interesados. Entre las propiedades afectadas por la resolución se destacan departamentos ubicados en la ciudad de Río Gallegos y diversos lotes vinculados al complejo hotelero Los Sauces. Asimismo, la medida recae sobre inmuebles de empresas constructoras adjudicadas a Lázaro Báez, tales como Kank y Costilla S.A. y Loscalzo y Del Curto S.R.L.
El único matiz en el fallo de Casación lo introdujo el juez Mariano Borinsky, quien votó parcialmente en disidencia al considerar que algunos de los reclamos defensivos merecían una revisión más exhaustiva.
Borinsky advirtió que ciertos activos bajo la lupa habrían sido incorporados al patrimonio familiar antes del 23 de abril de 2004, fecha límite que el propio tribunal oral fijó como punto de partida para el cómputo de los bienes susceptibles de decomiso. Para este magistrado, incluir propiedades previas al período investigado podría vulnerar el principio de legalidad y el derecho de propiedad.
Tras este revés en Casación, la última carta que les queda disponible a Cristina Kirchner y a sus hijos para intentar frenar el avance sobre sus propiedades es recurrir de forma directa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante la presentación de un recurso de queja.
