El fiscal federal Gerardo Pollicita analiza los datos de la última declaración jurada del jefe de Gabinete. Si el funcionario intenta justificar la compra de sus nuevos bienes con ganancias previas a su llegada a la gestión pública, la fiscalía extenderá el período de la auditoría hacia años anteriores y solicitará nuevas medidas de prueba. En paralelo, los frentes judiciales alcanzan a su hermano, Francisco Adorni, y a los negocios privados de su esposa.
La investigación judicial contra el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, podría ser ampliada en los tribunales federales de Comodoro Py. El fiscal federal Gerardo Pollicita analiza los alcances de la declaración jurada patrimonial que el funcionario libertario presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA), con el objetivo de definir si amplía el objeto y el período temporal de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
Hasta el momento, la causa penal se había ccentrado en examinar las transacciones, movimientos financieros y posesiones de Adorni desde el momento en que asumió como funcionario. Sin embargo, debido a que el propio jefe de ministros ensayó una justificación pública basada en rentabilidades financieras de años previos, la fiscalía prevé extender el período de análisis hacia el pasado para auditar la veracidad de esos fondos.
Según confirmaron fuentes judiciales, el Ministerio Público Fiscal ya cuenta con la documentación pública de los bienes de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. No obstante, los investigadores esperan que los organismos de control remitan los anexos de información reservada.
El fiscal buca cruzar las fechas exactas, los montos y la trazabilidad del origen del dinero antes de dictar nuevas medidas de prueba. Para este complejo peritaje contable, Pollicita delegó las tareas operativas en la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI), la unidad especializada en criminalidad económica del Ministerio Público.
Criptomonedas, deudas y costosos inmuebles
Los peritos apuntarán a las cifras que Adorni oficializó en su declaración del período 2025, donde reportó un patrimonio bruto que roza los $945 millones. En los medios, el funcionario intentó justificar la evolución de su fortuna con una supuesta inversión en el mercado financiero digital: afirmó haber invertido u$s200.000 de sus ahorros en Bitcoin y logró convertirlos en una cartera cripto de u$s500.000.
Sin embargo, el jefe de Gabinete admitió mantener deudas activas por más de $317 millones y casi u$s188.000. En contrapartida, consolidó su patrimonio inmobiliario con la llamativa incorporación de dos propiedades de alto valor.
Por un lado, una vivienda en el country Indio Cuá, valuada oficialmente en $156.926.249 y, por otro, un departamento con cochera sobre la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, tasado en $255.844.500.
El caso de Francisco Adorni
La presión judicial no se limita al jefe de ministros, sino que se extiende en forma de espejo hacia su entorno familiar directo. El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó formalmente a la OA la remisión de la última Declaración Jurada de Francisco Adorni, diputado de la provincia de Buenos Aires y hermano del funcionario nacional, quien también es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
La fiscalía de Marijuan activó este requerimiento tras conocerse que el legislador bonaerense presentó una tercera rectificación de sus datos patrimoniales inmediatamente después de que su hermano Manuel actualizara la suya. En esta nueva enmienda, el diputado provincial corrigió los montos de sus activos: informó que el 50% de su vivienda ubicada en la localidad de City Bell asciende a los $52.600.000, declaró poseer cinco cajas de ahorro bancarias con un total de $2.000.000 e incorporó el cobro de una supuesta herencia familiar por $21 millones.
