Funcionarios del Gobierno nacional deslizaron que Manuel Adorni tendría las horas contadas como jefe de Gabinete, según publicó este tarde el portal MDZ. El mensaje estaba dirigido a gobernadores, diputados y senadores y sería un a estrategia del oficialismo para evitar que una moción de censura.
La situación del periodista se acomplejó luego de la presentación de su declaración jurada. En el documento, el funcionario justificó su abultado crecimiento patrimonial como el resultado de una “exitosísima inversión en criptomonedas”.
La explicación no convenció a la oposición, a los sectores aliados, ni del propio oficialismo. “Esto empieza a tener fecha de vencimiento. El propio jefe de Gabinete debería tener un gesto con el Gobierno y los aliados, y dejar el cargo”, dijo una alta fuente de La Libertad Avanza en los pasillos del Congreso.
El apuro de la Casa Rosada responde a una amenaza real ligada a la moción de censura. Regulado por el artículo 101 de la Constitución Nacional, este mecanismo permite al Congreso remover de forma directa al jefe de Gabinete, una figura jurídica mucho más expeditiva que el engorroso proceso de juicio político requerido para el resto de los ministros.
Ante esto, el Gobierno conformó un comité de crisis de urgencia integrado por Diego Santilli, Patricia Bullrich, Lule Menem e Ignacio Devit. Este equipo se encargó de contactar contrarreloj a legisladores y mandatarios provinciales para transmitir calma y asegurarles que la salida de Adorni es un hecho. Sin embargo, el destino final del funcionario sigue siendo una incógnita, pues se baraja desde un ministerio de bajo perfil hasta el exilio en una embajada.
El rechazo de aliados
La alternativa que tomó más fuerza en el despacho presidencial consiste en trasladar a Adorni al Ministerio del Interior —para mantener dentro de la estructura a un hombre de la máxima confianza del presidente y de Karina Milei— y designar a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete.
No obstante, en el PRO y la UCR, el cambio no convence para nada. “Un Gobierno que viene a cambiar el país no puede hacer esas piruetas para sostener a Adorni”, sentenció un legislador aliado que exige el apartamiento del funcionario.
Martín Goerling Lara, titular del bloque PRO en el Senado sostuvo que “la permanencia del jefe de Gabinete no da para más. Está rompiendo un vínculo con la sociedad y está paralizando la gestión de todos los argentinos”.
Una rebelión que incluye al propio oficialismo
El escenario más hostil para el Ejecutivo se concentra en la Cámara Alta. El Senado tiene previsto reunirse a las 18:00 de este miércoles para definir el esquema de la próxima sesión. Lo que inicialmente era una convocatoria impulsada por el oficialismo se transformó en una trampa: la oposición unificada ya tiene los votos para avanzar con la remoción de Adorni.
La debilidad del Gobierno en el Senado quedó en evidencia al confirmarse que a la ofensiva del kirchnerismo se sumaron el PRO, la UCR, los bloques provinciales y la propia jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien calificó el episodio patrimonial como una “omisión ética”.
En un último intento por ganar tiempo y enfriar el clima político —minutos antes del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026—, el propio Adorni ratificó que asistirá al Senado el próximo 2 de julio a brindar su informe de gestión. No obstante, en los despachos del Congreso coinciden en que la jugada llegó tarde y que es muy probable que para esa fecha el sillón de la Jefatura de Gabinete ya tenga un nuevo ocupante.
Avance de la causa judicial
Mientras tanto, en el marco de la causa contra el jefe de Gabinete, la Justicia solicitó hoy una batería de medidas para comprobar la coartada cripto con la que se defendió y a ampliar el alcance de la investigación por enriquecimiento ilícito, que tramita en el Juzgado Federal N° 4 de Ariel Lijo.
El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió un informe a la Comisión Nacional de Valores (CNV) en el que se detallen todas las plataformas, exchanges, billeteras virtuales o intermediarios de otro tipo que hayan operado en el país desde 2012, un año antes de que el jefe de los ministros empezara a incursionar en la compra y venta de Bitcoin, según dio a conocer la semana pasada.
