El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó hoy un escrito a favor de la Argentina en el caso de la expropiación de YPF.
En el documento oficial, ante el estrado de la jueza Loretta Preska, del segundo distrito de Manhattan, se pide que los argumentos de Burford Capital, que solicitó quedarse con las acciones de la petrolera, no sean tenidos en cuenta.
Burford, un bufete de abogados inglés que es especialista en adquirir demandas de países soberanos, es el principal ganador de la sentencia en primera instancia por la que Preska condenó a Argentina a apagar más de USD 16.000 millones por haber expropiado mal YPF en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta.
El guiño del gobierno americano de Joe Biden para el país llegó justo el día en que se confirmó que Donald Trump será el próximo presidente de ese país.
En la presentación, que firma Damian Williams, fiscal de EEUU para el Distrito Sur de Nueva York, se asegura que conceder la orden de “turnover” de las acciones de YPF que piden los demandantes violaría las normas de inmunidad soberana de ese país. Y le recomienda a Preska que rechace esa solicitud.
También hace foco en que la opinión de larga data del gobierno estadounidense es que sus jueces no tienen competencia para ejecutar bienes de estados extranjeros. “La medida cautelar y la orden solicitadas por los demandantes que exigen a Argentina sobre su propiedad soberana ubicada en su propio territorio violaría leyes de inmunidad soberana y no debería ser concedida por la Corte”, dice el escrito de 10 páginas.
“El Departamento de Justicia le dice a la jueza Preska que conceder la orden de turnover de las acciones de YPF que piden los demandantes violaría las normas de inmunidad soberana de Estados Unidos y le pide a Preska que rechace el pedido. Dice también que la opinión de larga data del gobierno estadounidense es que los jueces de Estados Unidos no tienen competencia para ejecutar bienes de estados extranjeros ubicados fuera de Estados Unidos. Ese es el caso de las acciones de YPF que son propiedad del Estado argentino porque son acciones que se encuentran en Argentina, en el registro de la sociedad, y no cotizan en Nueva York”, le dijo a Infobae Sebastián Soler, especialista en el caso y ex Viceprocurador del Tesoro del gobierno anterior.
