El fiscal federal Gerardo Pollicita se encuentra analizando una serie de facturas y remitos comerciales que constatan que Manuel Adorni habría adquirido costosos equipos tecnológicos y de entretenimiento utilizando las tarjetas de crédito de dos empleados públicos que se desempeñan bajo su órbita en el área de comunicación estatal.
De acuerdo con las pruebas incorporadas al expediente judicial y confirmadas por Infobae, las transacciones bajo la lupa corresponden a la compra de un monitor de alta gama de formato “gamer” y dos proyectores de video específicos para videojuegos. El monto total de estas operaciones —realizadas en agosto del año pasado a través de la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre— ascendió a la cifra de $5.848.589.
El desglose de los resúmenes financieros reveló precisiones sobre los titulares de las tarjetas de crédito utilizadas. Entre los gastos figura un monitor gamer, un equipo Samsung Odyssey OLED G8 de 27 pulgadas (4K, 240 Hz) por el que se abonaron $2.184.999,05. El pago se efectuó con una tarjeta de crédito a nombre de Laura Daniela Schiuma, actual Directora General de Actividades Presidenciales de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación.
Dos proyectores marca Epson Home Cinema 2350 4K Pro-UHD costaron $1.831.795 cada uno. En este caso, para financiar el total se utilizaron dos plásticos pertenecientes a Luis Enrique Aluju, quien ejerce como Coordinador de Información de Gobierno dentro de la misma Dirección de Información Pública.
A este circuito de financiamiento cruzado se añade otra millonaria facturación emitida por la firma Industria Argentina del Descanso S.A. (Rosen The Store). La empresa de equipamiento confirmó a la Justicia operaciones de compra de colchones y amoblamientos por un total de $8.183.303,25, las cuales fueron facturadas a nombre de otra empleada de la misma dependencia gubernamental, Gisela Kocsis.
Las pruebas del celular
Buena parte del rompecabezas patrimonial que busca reconstruir la fiscalía penal proviene del peritaje técnico realizado sobre el teléfono celular de Matías Tabar, el contratista privado que estuvo a cargo de las cuantiosas obras de remodelación de la vivienda familiar de Adorni, ubicada en el exclusivo country Indio Cuá, en la localidad de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires.
De las conversaciones de mensajería y los registros de obra analizados por los peritos, surgió un llamativo gasto de esparcimiento: la adquisición de un flipper (o máquina de pinball) original y de colección de la franquicia cinematográfica “Los Locos Addams”. El artículo recreativo, considerado por la industria del coleccionismo como un objeto de culto —ostenta el récord histórico de ser el pinball más vendido del mundo con 20.270 unidades fabricadas—, se encuentra valuado en el mercado internacional en aproximadamente USD 8.000.
Hacia el requerimiento de justificación patrimonial
La investigación penal entró en una fase técnica definitoria de consolidación de pruebas de campo. Para ello, el fiscal Pollicita trabaja en conjunto con los especialistas de la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), organismo que detectó múltiples erogaciones y consumos de alta gama que no guardan correspondencia ni fueron asentados en las declaraciones juradas patrimoniales obligatorias que el jefe de ministros presentó ante la Oficina Anticorrupción.
En su último dictamen elevado al despacho del juez federal Ariel Lijo, la fiscalía requirió el cruce de información urgente y el envío de informes a diversas entidades y organismos, entre los que se destacan la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), billeteras virtuales de pago electrónico, la administración del barrio privado Indio Cuá y la Universidad Abierta Interamericana (UAI).
El objetivo de esta batería de medidas procesales es obtener los datos tributarios faltantes para avanzar formalmente hacia el requerimiento de justificación patrimonial. Este paso legal constituye la última instancia técnica obligatoria que prevé el Código Procesal para que el funcionario intente explicar el origen de los fondos de sus gastos; de no lograrlo, el escenario judicial decantará de forma inevitable en un llamado a declaración indagatoria.
