Con la mirada puesta en la próxima entrada en vigencia de la Ley 27.801, prevista para septiembre, la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) será escenario de un panel de debate que buscará analizar los desafíos que plantea la reforma para el abordaje de la conflictividad penal juvenil y la respuesta de las instituciones frente a este nuevo marco legal.
La actividad, denominada “La conflictividad penal juvenil en debate: tensiones y desafíos ante la reforma de la Ley 27.801”, se realizará este miércoles 8 de julio, de 18 a 20 horas, en el Aula B de la Escuela para la Innovación Educativa (EIE), ubicada en avenida Belgrano (S) 1912.
El encuentro está destinado a la comunidad académica, profesionales del derecho y de las ciencias sociales, trabajadores vinculados a la niñez y la adolescencia, estudiantes y público en general, con entrada libre y gratuita.
Reflexionar entre los participantes
El propósito es generar un espacio de reflexión sobre las transformaciones que deberán afrontar los distintos actores del sistema socio-jurídico para adecuar sus prácticas, estructuras y programas socioeducativos a la nueva legislación.
El panel contará con la participación del abogado Manuel Santillán Zavalía, coordinador de NEXO (Centro de Abordaje Terapéutico y Responsabilidad Adolescente); la abogada Mariana Gallego, maestranda en Derechos Humanos de la UNSE; y el doctor Federico Medina, investigador del Instituto de Estudios para el Desarrollo Social (INDES-UNSE/CONICET). La moderación estará a cargo del magíster René Galván, representante de la Asociación Paz y Esperanza.
La jornada es organizada de manera conjunta por la Asociación Paz y Esperanza, el Instituto de Estudios para el Desarrollo Social (INDES) y NEXO, con el respaldo institucional de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE y el CONICET.
Los organizadores destacaron que el panel constituye una oportunidad para anticipar los escenarios que abrirá la implementación de la nueva ley y promover un debate informado sobre las políticas públicas destinadas a adolescentes en conflicto con la ley penal.
