La Justicia procesó este lunes a Eduardo Belliboni por defraudar en millones de pesos al Estado nacional. El juez federal Sebastián Casanello considera probado que el líder piquetero desvió parte de los 360 millones de pesos que recibieron la asociación civil Polo Obrero y la cooperativa El Resplandor Limitado hacia una red de empresas que se habrían usado para justificar gastos inexistentes con facturas truchas y ocultar así el destino final del dinero.
El magistrado, junto con el fiscal Gerardo Pollicita, reunió varias pruebas que demostrarían que Belliboni y otros dirigentes del Polo Obrero utilizaron parte de los fondos que recibieron como unidad de gestión del Potenciar Trabajo para financiar al Partido Obrero, que compite en las elecciones dentro del Frente de Izquierda.
Para lograr este objetivo, el Polo Obrero usó seis empresas: la imprenta Rumbos, Coxtex, RicoPrint, UrbanGraphics, Carlos Monfrini y Miniso Trade. La Justicia probó que al menos $40 millones fueron a este grupo de firmas.
En algunos casos estas compañías hacían facturas truchas para que el PO luego las presente ante el exministerio de Desarrollo Social para justificar la plata del Potenciar Trabajo y en otros, las empresas después de cobrar el dinero que les enviaba la organización de Belliboni le endosaban cheques a la imprenta Rumbos, que tiene domicilio fiscal en la sede del Partido Obrero. La Justicia ya probó que esta firma hizo aportes electores al Partido Obrero por $18 millones y hasta contrató a una empresa de publicidad para que trabaje en la campaña del espacio.
Además, la Justicia recolectó pruebas que indican que la plata que los dirigentes del Polo Obrero le sacaban a los beneficiarios del Potenciar Trabajo no era solo para sostener la estructura del comedor al que pertenecían, sino que una parte se destinaba al Partido Obrero. Se trata de las famosas cápitas, que en algunos casos rondaban los $2000, pero en otros llegaban hasta los $5000 mensuales. Se cree que la plata fue a parar a una cooperativa denominada El Resplandor Limitado.
En paralelo, el fiscal Gerardo Pollicita trabaja en una nueva línea de investigación que podría involucrar a exfuncionarios del ministerio de Desarrollo Social. La Justicia quiere saber si los funcionarios que integraban la Secretaría de Economía Social que en los años de Alberto Fernández estuvo liderada por Emilio Pérsico “participaron” de la maniobra de desvío de dinero al no haber controlado las facturas apócrifas presentadas por el Polo Obrero.
Los investigadores analizan cada una de las líneas de mando de esa dependencia: desde Emilio Pérsico hasta el último eslabón e intentan determinar si la falta de control pudo haber sido un “error” o una omisión voluntaria. Si es así, se intenta establecer si existió una orden desde los altos mandos para que no se controlara y se giraran las fondos.
Una fuente judicial explicó que el Ministerio de Desarrollo Social no podía desconocer que la empresa Coxtex, a la que el Polo Obrero dice haberle comprado computadoras y software, había sido catalogada como apócrifa por la AFIP en noviembre de 2020. A su vez, a los investigadores les llama la atención que ninguno de los esquemas de control haya investigado facturas de empresas sin historial comercial como Miniso Trade, a la que también la organización de Belliboni dice haberles adquirido computadoras.
